Jueza que verá demanda contra norma que debilita a la Sunedu es egresada de universidad no licenciada

La jueza supernumeraria Andrea del Pilar Córdova Escobar, quien tiene a su cargo la demanda de amparo que presentó el procurador de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) contra la norma que “restablece” la autonomía, es egresada de una universidad no licenciada por la referida entidad.

De acuerdo con el registro de grados y títulos de la Sunedu, Córdova Escobar es abogada por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. El diploma se emitió en 2012, dos años antes de que se promulgara la Ley Universitaria y siete años antes de que se le negara el licenciamiento a la referida casa de estudios.

La institución fiscalizadora le negó la licencia a la UIGV por no cumplir con ninguna de las condiciones básicas de calidad educativa.

Ahora, Córdova Escobar llega al Segundo Juzgado Constitucional a través de una plaza supernumeraria, es decir, aquellos puestos que se habilitan ante la imposibilidad de un juez titular para ejercer dicho cargo.

Es de esta manera que la letrada asume el tribunal en febrero de 2022, debido a la licencia por motivos de salud del magistrado Valencia López.

Jueza supernumeraria suspendió audiencia sobre Sunedu

Este lunes, la jueza supernumeraria Andrea del Pilar Córdova Escobar dispuso la suspensión de la audiencia donde se evaluaría la acción de amparo contra la norma aprobada por el Parlamento que modifica el consejo directivo de la Sunedu a una similar a la fallida Asamblea Nacional de Rectores (ANR).

El motivo para la reprogramación del caso es la incorporación de los abogados Luciano López, Walter Albán, Renzo Cavani, Cesar Higa y Carlos Villavicencio.

“A fin de no causar indefensión a la nueva parte procesal, corresponde por ley; y, en atención al principio del debido proceso y derecho de defensa, suspender la audiencia programada; y, proceder a establecer nueva fecha para la realización de la misma, teniendo en cuenta que esta judicatura se encuentra con alta carga procesal y las audiencias se han venido señalado de manera ordenada corresponde reprogramar dicho acto procesal para la siguiente fecha: 16 de septiembre del 2022 a horas 12.00 p. m.”, se lee en la resolución.

Declararon improcedente medida cautelar a favor de Sunedu

Ahora, la suspensión de la audiencia no es la única medida que ha tomado la jueza supernumeraria Andrea del Pilar Córdova Escobar. Este lunes, la magistrada también ha declarado improcedente la medida cautelar que requirió la Sunedu ante el peligro que significa la aprobación y promulgación de la norma impulsada por el presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina.

La solicitud se presentó en febrero y buscaba que el PJ ordenara al Congreso suspender la segunda votación del dictamen de la ley que “restablece la autonomía universitaria”, que se efectuó el miércoles 4 de mayo, más de dos meses después de la presentación del recurso.

Córdova Escobar también fundamenta su decisión en la declaración del presidente Pedro Castillo de observar la autógrafa de la ley cuando esta llegue al despacho del mandatario.

“El proyecto fue aprobado por segunda votación y que actualmente se encontraría a cargo del Poder Ejecutivo aprobar u observar la autógrafa de la Ley, lo cual se encuentra dentro de sus facultades, y siendo de conocimiento público que en declaraciones efectuadas en el IX Consejo de Ministros Descentralizado de Nazca el presidente de la República ha señalado que ‘observará el proyecto de ley’; por lo que no corresponde por ahora anticipar la decisión”, reza el texto.

Para el procurador público de la Sunedu, Mac Donald, este argumento “no tiene ningún sustento jurídico”.

“Ha señalado que el presidente ha señalado que va a observar la ley, esto significa que no se tiene la información fidedigna y que el derecho no se habría convertido en irreparable, ahí la juez ha tomado como argumento que se ha aprobado por el Congreso el 4 de mayo en segunda votación y que esto significa que no hay peligro en la demora. Una juez no puede llevar a una resolución judicial una comunicación que haga el presidente de la República, los jueces no pueden llevar a esto”, afirmó Donald Rodríguez a La República.

De concretarse la observación a la autógrafa, el proyecto regresaría a la Comisión de Educación del Congreso. Los parlamentarios pueden acogerse a las objeciones del Ejecutivo o, como se prevé, insistir con la fórmula legal ya aprobada por la representación nacional.