Luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado peruano no ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional que restablecía el indulto a Alberto Fujimori, su abogado Elio Riera adelantó que insistirá con obtener la libertad de su abogado a través de un “remedio procesal”.
“El día de ayer tuve la posibilidad de recibir una llamada del señor presidente quien, con un estado de salud muy delicado, me trasladó lógicamente su recepción a este resolución (...), pero (está) muy motivado —dentro de la precariedad de su salud— para continuar con la batalla para lograr más adelante, mediante algún remedio procesal, algún proceso que ya estamos dándole forma, la posibilidad de lograr la excarcelación”, declaró Riera en entrevista con TV Perú.
A pesar de que fue declarado a 25 años de prisión tras comprobarse que fue autor mediato de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, la defensa legal de Fujimori Fujimori arguyó que “por qué una persona tiene que solicitar perdón (a los familiares de las víctimas) si no ha cometido un delito”.
En 2018, el tribunal supranacional definió parámetros ante un eventual indulto humanitario a favor del exdictador y responsable de graves crímenes contra los derechos humanos.
“Por tratarse de graves violaciones a los derechos humanos y tomando en cuenta el desarrollo del Derecho Penal Internacional, resulta necesario que, además de la situación de salud del condenado, se tomen en cuenta otros factores o criterios tales como: que se haya cumplido una parte considerable de la pena privativa de libertad y se haya pagado la reparación civil impuesta en la condena; la conducta del condenado respecto al esclarecimiento de la verdad; el reconocimiento de la gravedad de los delitos perpetrados y su rehabilitación; y los efectos que su liberación anticipada tendrían a nivel social y sobre las víctimas y sus familiares”, precisó la Corte.
Pese a esta disposición del organismo de justicia de la Organización de Estados Americanos (OEA), Riera sostuvo: “¿Qué es más importante el derecho patrimonial o el derecho a la vida y salud?”.
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“La ponderación del Tribunal Constitucional para nosotros fue la correcta, consistente y válida”, dijo el letrado.