PPK: Fiscalía sustentó reglas de conducta contra expresidente
Medida adicional de impedimento de salida del país por 36 meses contra Pedro Pablo Kuczynski se revisará la próxima semana en la investigación por el caso Odebrecht.
El arresto domiciliario que pesa contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski desde 2019 en el caso Westfield Capital (Odebrecht) está a punto de vencer. Ante este escenario, el fiscal José Domingo Pérez pidió contra PPK variar esta medida por impedimento de salida del país por 36 meses y una serie de reglas de conducta por el mismo plazo.
Jorge Chávez Tamariz, juez del Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria, revisó el pedido fiscal este jueves, pero solo en el extremo de las restricciones ya que la defensa de PPK, el abogado Julio Midolo, manifestó no haber tenido el tiempo suficiente para preparar sus argumentos contra la prohibición de viajes al exterior.
De este modo, las restricciones que se solicitaron contra el exmandatario son: no comunicarse con sus coinvestigados, acudir mensualmente al Juzgado, no salir de Lima Metropolitana ni de su lugar de residencia, no realizar actividades políticas directa ni indirectamente, acudir al juez o fiscal cuando sea requerido y no declarar ante los medios de prensa detalles del caso en su contra.
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En este sentido, el fiscal adjunto Jorge Vargas Sueldo sustentó que tanto en 2021 como en febrero de 2022, PPK admitió tener propiedades en Estados Unidos y que estaban a nombre de su esposa, Nancy Lange. “Su esposa y sus hijos no residen en Perú. Existe una ausencia que determinó la falta de arraigo domiciliario y familiar”, precisó también el fiscal.
Vargas también expuso que PPK se rehusó en varios momentos de la investigación a dar cuenta de “sus finanzas personales y de las empresas Westfield y Dorado Asset”. Todo ello justificaba también la medida de reglas de conducta.
“El señor es jubilado, recibe pensión como expresidente de la República y no está activo laboralmente. Una de sus hijas radica en EEUU porque ejerce su derecho a la libertad a estudiar ahí y porque sino estuviera inscrito en el servicio de salud de allá no podría solventar sus atenciones por enfermedad autoinmune”, sostuvo por su parte Midolo.
La defensa de PPK también solicitó, además de que se declare improcedente el pedido fiscal, que se le permita a Kuczynski comunicarse con su exchofer José Bernaola para poder “movilizarse” a citas y atenciones médicas en la capital.
El próximo lunes 11 de marzo a las dos y media de la tarde, el juez Chávez Tamariz evaluará el impedimento de salida del país por 36 meses contra Kuczynski.
Claves de la investigación
La postura fiscal sostiene que PPK habría cometido lavado de activos en el marco de una organización criminal que estuvo integrada por él, su exsecretaria personal Gloria Kisic Wagner, su exchofer José Bernaola Ñuflo y el economista Gerardo Sepúlveda Quezada, entre los años 2003 y 2015.
Westfield Capital, empresa que dirigió y fundó PPK en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas, asimismo, recibió cuando Kuczynski era funcionario del gobierno de Alejandro Toledo alrededor de US$1.019.057 de la empresa Odebrecht por asesorías financieras que hizo para los proyectos de la carretera Interoceánica Sur (Tramos 2 y 3) así como la obra de irrigación Trasvase Olmos.
Desde entonces, una serie de transferencias entre sus coinvestigados así como depósitos y fraccionamientos del dinero que también fue utilizado para pagar un inmueble de la propiedad de PPK estuvieron en la mira de la Fiscalía por presunto “blanqueo” del origen ilícito del dinero. Westfield, asimismo, habría intervenido también en el proyecto Rutas de Lima.
Por su parte, la empresa First Capital, que es representada por Gerardo Sepúlveda, también partició en asesorías financieras para las obras de IIRSA Sur y Trasvase Olmos. Por estos hechos, ambas fueron incorporadas a la investigación del caso Olmos que dirige el equipo especial Lava Jato en abril de 2021.
