
El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, hizo un llamado a que el Congreso de la República ponga a debate el proyecto de ley que plantea la aprobación del Acuerdo de Escazú, ante el derrame de 6.000 barriles de petróleo en el mar de Ventanilla que se extendió a Ancón, Santa Rosa y Chancay, a cargo de la empresa española Repsol.
“Es importante señalar que las acciones que se desarrollen para superar este desastre ecológico requieren la vigilancia, participación y acceso a la justicia en asuntos ambientales de la población, y para ello es necesario un marco normativo que garantice el ejercicio de estos derechos”, indica el titular del Mincetur al Parlamento a través de una carta.
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A través de un oficio dirigido a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, el también congresista de Juntos por el Perú solicitó a la Junta de Portavoces exonerar del dictamen de comisión y pasar a debate la iniciativa legislativa referida al Acuerdo de Escazú.
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El Acuerdo de Escazú o Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe garantizará los derechos de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, por ello busca que los Estados que lo ratifiquen garanticen entornos seguros y libres de violencia para el trabajo de las personas, asociaciones, organizaciones o grupos que promueven la protección del ambiente.
El derrame de petróleo en Ventanilla, registrado el último sábado 15 de enero, no solo ha afectado a los bañistas y residentes de la zona, sino que también ha perjudicado a la biodiversidad marina del lugar. A través de redes sociales, diversos cibernautas dieron a conocer la grave situación y pidieron ayuda.
Según el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (Sernanp), el derrame de petróleo afectó la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras-Islotes de Pescadores y la Zona Reservada de Ancón. Desde el Gobierno advierten que el plan de contingencia de Repsol fue tardío. El presidente Pedro Castillo condenó el desastre ecológico y señaló que no habrá impunidad. Los daños durarán hasta 20 años.





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