Caso Vizcarra: ¿cierra la prisión para Lava Jato?

La prisión preventiva ya no será la regla en el caso Lava Jato. Esto es lo que queda claro de la resolución de la jueza María de los Ángeles Álvarez Calderón que resolvió el caso del expresidente y candidato al Congreso Martín Vizcarra.

Aquí no se trata de que los jueces den un trato diferente a los investigados, como han señalado políticos y opinólogos en las redes sociales. Lo real es que el abuso de la prisión preventiva ha generado nueva jurisprudencia en la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional (TC).

La prisión preventiva, recordó la juez, tiene tres requisitos que deben cumplirse sí o sí: 1) alta sospecha de la comisión del delito, 2) pena mayor a cuatro años y 3) peligro procesal en sus dos actos: intento de fuga y/o actividad para entorpecer la investigación, destruir pruebas o coaccionar a los testigos.

Si uno de estos tres requisitos no se cumple, no es posible imponer prisión preventiva. En las primeros casos de Lava Jato, los fiscales y jueces pusieron el énfasis en el punto 1 y 2 para suponer que, ante una condena inminente, los investigados fugarían o entorpecerían las investigaciones.

Jurisprudencia

Pero en los años siguientes, el TC, la Corte Suprema y los jueces han resuelto que suponer una fuga o entorpecer la investigación afecta el derecho a la libertad, el derecho de defensa y la presunción de inocencia.

Por eso, dijo la jueza, la regla es que toda investigación se realice con la libertad del sospechoso. Todavía será posible imponer una prisión preventiva, pero la Fiscalía deberá presentar pruebas de un intento de fuga y/o de actividades para frustrar una investigación.

Allí estuvo la falla del fiscal Germán Juárez Atoche, no vio la jurisprudencia y no presentó pruebas del peligro procesal.

Punto 1: sospecha

Respecto al punto 1, la jueza consideró que la declaración de los cinco aspirantes a colaborador eficaz, los testigos y documentos presentados por la Fiscalía sustentan una alta sospecha de la comisión de los delito.

Al respecto, ante el cuestionamiento de la defensa, señaló que no consideraba que los colaboradores se corroboraban entre ellos, pero que si advirtió “delaciones coincidentes”.

Punto 2: pena

La jueza denunció que la Fiscalía no sustentó el delito de asociación ilícita atribuido a Vizcarra y dijo que si la idea es que el expresidente es parte del “Club de la Construcción” no se indicó cuál sería su posición en esa red: cabecilla, colaborador externo, integrante, etc.

Sin embargo, anotó que la pena por los delitos de cohecho y colusión agravada, aun aplicando atenuantes, supera los cuatro años que pide la ley para una prisión preventiva.

Punto 3: peligro procesal

Álvarez concluyó que la Fiscalía no sustentó que Vizcarra tenga desarraigo familiar, domicilio desconocido y no ejerza una actividad lícita, lo que le facilitaría una fuga.

Al contrario, señaló que el expresidente vive con su esposa y un hijo, en un domicilio conocido y ejerce una actividad lícita, al ser candidato al Congreso.

Además que tiene bienes o medios económicos que por sí mismos no demuestran que vaya a fugar y que el no reconocer el delito que se le atribuye, es parte de su derecho de defensa y de la presunción de inocencia.

En tanto, que el simple hecho de conocer al presidente de Bolivia no significa que vaya a fugar o solicitar asilo, salvo que se hubiera demostrado una comunicación reciente entre ambos.

Igualmente, la Fiscalía no acreditó que Vizcarra haya presionado, amenazado o puesto en peligro a alguno de los colaboradores o testigos del caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua y lo que haya sucedido con Karem Roca, corresponde a otro caso.

Fiscalía buscará una nueva opinión

El fiscal Germán Juárez Atoche apeló la decisión del Juzgado de Investigación preparatoria con el objetivo de que una Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia Nacional vuelva a revisar sus presupuestos de la prisión preventiva.

Para eso, conforme a lo ya resuelto, deberá presentar evidencias concretas de que Martín Vizcarra intenta escapar, solicitar asilo político en Bolivia o que está desarrollando alguna actividad para amedrentar a los colaboradores y testigos protegidos.

Hasta que no se resuelva, se cumple la comparecencia con restricciones y caución de 100 mil soles, ya impuesta a Vizcarra.

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