El Informante: El hombre que no pudo dormir, por Ricardo Uceda

El miércoles 10 de febrero, en sesión plenaria del Jurado Nacional de Elecciones, el presidente Jorge Luis Salas propuso un pronunciamiento institucional ante los comentarios públicos que produjo la columna El Informante, en este diario, el día anterior. Llevó por título El cambiazo. Refería la variación del sentido del voto de dos miembros del JNE para rechazar una tacha a la candidatura de Martín Vizcarra. En una sesión anterior la habían consentido. A fin de mostrar coherencia, la mayoría modificó también el sentido del voto en tres casos vistos previamente, en los que resolvían descalificar a candidatos que, como Vizcarra, no declararon poseer acciones en una empresa. Es un requerimiento de la ley electoral. En resumidas cuentas, cuatro candidatos que iban a quedar al margen de las elecciones terminaron habilitados.

La columna no denunciaba una ilegalidad, sino una mala práctica del JNE. El primer caso había sido votado el 20 de enero, los dos siguientes el 22, y las resoluciones no fueron publicadas sino hasta el 4 de febrero. Junto con la de Vizcarra, que había sido votada inicialmente el 27. Los cuatro acuerdos, luego del cambiazo, fueron difundidos el mismo día, con redacción uniformizada. En la nota yo preguntaba qué pudo haber pasado para que dos miembros del JNE, uno de ellos su presidente, después de haber reflexionado tres veces sobre la misma situación, descubrieran que la verdad estaba en el lado opuesto.

El juez insomne

Y la pregunta sigue en pie. No había aparecido ningún elemento nuevo, nada más que Martín Vizcarra estaba a punto de quedarse fuera de la carrera. Solo faltaba que los jurados firmaran la resolución respectiva. El viernes 29 de enero, el presidente Salas, según trascendió, dijo al comenzar una sesión plenaria:

-Anoche no he podido dormir.

Acto seguido anunció que modificaría su voto para rechazar la tacha a Martín Vizcarra. Ya hemos contado que enseguida un segundo miembro, Jovián Sanjinez, también cambió su voto. Y añadimos que no sorprendía, porque siempre concuerda con el presidente Salas. El resultado fue la votación de 3 a 1 que habilitó a Vizcarra. Algunos expertos consideran que esta votación es procedente porque el empresario omiso tiene una excusa atendible. Pese a que la ley ordena a los candidatos declarar todo bien mueble (las acciones mercantiles lo son), en el formato para declarar propiedades no existe un espacio destinado a este propósito. Hay otra interpretación, según la cual la obligación es inexcusable. Es la que abandonó la mayoría del JNE. Con ella concuerdan los candidatos que declararon sus participaciones accionariales en forma explícita, mediante anexos. El de Rafael López Aliaga es uno de esos casos.

Gran elector

De modo que con la mayoría del JNE cualquiera podría discrepar por haber votado en un sentido o en otro. Ese no era el cuestionamiento que se hizo desde esta columna. Era por haber amarrado tres votaciones hasta definir la de Martín Vizcarra, con un cambiazo de por medio. Todo ello basado en su poder discrecional, para cuyo uso debe guardar formas exquisitas por las condiciones especiales de esta votación. Una de ellas es que el JNE, de cinco miembros, está funcionando solo con cuatro, porque el Colegio de Abogados de Lima, debido a su crisis, no pudo nombrar representante. El presidente Salas, quien en los hechos cuenta con un voto más −el de Jovián Sanjinez−, dirime cuando hay empate dos a dos. Se ha convertido en un Gran Elector, definiendo la suerte del Partido Aprista, por ejemplo, que terminó apartado por una decisión muy cuestionada.

Otra es que, tratándose de Martín Vizcarra, se le pidió a Salas inhibirse porque el expresidente, cuando era gobernador de Moquegua, firmó una resolución que puede considerarse beneficiosa para un hermano suyo. No lo hizo. Era su decisión y su derecho, pero eso suscita mayor vigilancia sobre sus resoluciones.

El cambiazo

Respecto de Vizcarra, el JNE, por tres a uno, ya había decidido permitirle participar pese a que dejó el cargo cuando estaba fuera del plazo de seis meses que tienen para renunciar los funcionarios públicos con aspiraciones electorales. Aunque la ley no dice que también concierne a un expresidente vacado, está claro que le es aplicable. Al punto que esta objeción a su candidatura es quizá más importante que la omisión de declarar acciones en una empresa existiendo un formulario defectuoso. El resultado es que Vizcarra tiene una ventaja sobre el resto de candidatos (aparte de que está vacunado).

Volviendo a la mañana del 10 de febrero, el presidente Salas logró aprobar, por cuatro a uno, un comunicado explicando que sus votos resultan de debates que pueden ser continuos y contradictorios. Omitió decir que ya habían votado y que rectificaron. En la misma sesión, el miembro Luis Carlos Arce pidió una investigación del caso, pues un diario había publicado que la demora en difundir lo resuelto se debió a que él retrasó la sustentación de su voto en minoría.

La verdad

Los tres de la mayoría resolvieron rechazar una investigación. De haberse llevado a cabo, esta habría revelado lo siguiente: que hubo acta redactada de la votación del día 20, otras dos de las del día 22, y que la resolución de la exclusión a Vizcarra estaba lista para la firma. La prueba es que Arce, en minoría, ni siguiera tuvo que redactar su voto. Pidió que su dictamen fuera el mismo que la mayoría apoyó previamente. Ahora bien, ¿esta narrativa desprestigia al JNE y sirve para que los malos posterguen las elecciones, como teme Rosa María Palacios? Debe de estar confundida. Vivimos un momento traumático. ¡Si hasta Carmen McEvoy, la celebrada historiadora republicana, no sabe qué es peor: si la traición de Vizcarra, o la conducta del Congreso por fastidiar a dos ministras de Estado! Ya vimos que el gobierno de Francisco Sagasti −quien reaccionó acertadamente− sí debía una investigación sumaria, y que Pilar Mazzetti tenía que renunciar.

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