El juez Rafael Martín Martínez decidió suspender la audiencia en contra del expresidente Alberto Fujimori por el caso Esterilizaciones Forzadas, ya que no contaban con intérprete.
Si bien los agraviados no tienen obligación de estar presentes, están en todo su derecho de asistir y entender a cabalidad lo que disponga el juzgado. Por tanto, debido a que había asistido una de las víctimas a la conferencia virtual y era quechuahablante, se precisaba de un profesional que pueda traducir satisfactoriamente todo el proceso.
Dentro de la sesión virtual se encontraba un intérprete que dominaba únicamente la variante ayacuchana del quechua. Sin embargo, esta difiere en aproximadamente un 20% de la cusqueña, que era la que dominaba la agraviada.
Este hecho fue determinante para suspender la audiencia hasta nuevo aviso. Antes de finalizar, el juez Rafael Martín Martínez mencionó que la fecha será anunciada oportunamente a cada una de las partes.
César Nakazaki, abogado defensor del exmandatario Alberto Fujimori, señaló que su defendido no podría estar presente, pues había sufrido una descompensación.
En tanto, el fiscal Pablo Espinoza se declaró conforme ante la ausencia del acusado por motivos de salud y la audiencia siguió su curso.
Este lunes 11 de enero a las 9.30 a. m. se llevará a cabo la audiencia virtual del caso Esterilizaciones Forzadas en contra del expresidente Alberto Fujimori, luego de ser reprogramada por el Poder Judicial en dos oportunidades anteriores.
Asimismo, el fiscal Pablo Espinoza sustentará los cargos en contra de los exministros Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, quienes ejercieron funciones durante el mandato de Fujimori.
Yong, Costa y Aguinaga son acusados por los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves seguidas de muerte, y lesiones graves en un contexto de violaciones a los derechos humanos.
En el año 2000, cientos de mujeres denunciaron haber sido esterilizadas sin su consentimiento, como parte de una política de planificación familiar, por órdenes del expresidente Alberto Fujimori, durante la década del 90.
La Defensoría del Pueblo confirmó que en total se ejecutaron 272.028 operaciones de ligaduras de trompas y 22.004 vasectomías, entre 1996 y 2001.
La sustentación de la denuncia, prevista en un principio para diciembre de 2019, fue aplazada para marzo de 2020. Sin embargo, la fecha nunca llegó a cumplirse debido a que el país entró en estado de emergencia por la llegada de la COVID-19. Por este motivo, se fijó una nueva audiencia para enero de 2021.
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