Kenji Fujimori Higuchi, Guillermo Bocángel, Bienvenido Ramírez y el exasesor parlamentario Alexéi Toledo han quedado sin limitaciones para poder salir del país en el caso de la presunta compra de votos para evitar la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczysnki en 2018.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia así lo ha determinado en una resolución emitida este jueves. Aunque solo apelaron el impedimento de salida por 18 meses los exfuncionarios Ramírez y Bocángel, el tribunal les dio la razón extendiendo este beneficio a Fujimori y su exasesor.
El 17 de septiembre pasado, el juez supremo Hugo Núñez Julca les impuso la restricción de no salir del país por año y medio; sin embargo, impugnaron la medida solo dos de los cuatro acusados.
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El tribunal presidido por la jueza suprema Elvia Barrios Alvarado señala en el documento “revocar el auto apelado” por los exlegisladores Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, y “declarar improcedente dicha medida coercitiva, cuyos efectos se hacen extensivos a los procesados Alexéi Toledo y Kenji Fujimori”.
La Sala Penal Especial, sin embargo, ha confirmado para los exparlamentarios Fujimori, Bocángel y Ramírez una serie de limitaciones: no ausentarse de su localidad sin autorización del juez, acudir a la instancia judicial cuando sean citados, así como la obligación de pagar al Estado una caución de S/50.000.
En cuanto a Alexéi Toledo, su pago al Estado fue disminuido de S/50.000 a S/30.000. Su abogado, Franco García Lazo, explicó a La República que les concedieron la razón “en el sentido de que era excesivo en el monto entre el sueldo de un asesor y el de un congresista en las circunstancias de pandemia”.
“Se ha revocado lo que se ha dicho en primera instancia y, reformándose esta medida, se hace extensiva a todos los acusados porque hay un derecho de igualdad de trato en el proceso”, añadió debido a que ninguno de los acusados tiene impedimento para abandonar el Perú.
Acorde con la acusación ya aprobada de la fiscal suprema Bersabeth Revilla, se cometieron los delitos de cohecho y tráfico de influencias, motivo por el cual se pidió entre 11 y 12 años de prisión para los involucrados.
Todos habrían participado en la presunta compra de votos para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski luego de que se difundieran videos grabados por el fallecido exparlamentario Moisés Mamani, evidenciando actos delictivos.
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