El fiscal superior Omar Tello indicó que van a continuar con la investigación sobre los presuntos involucrados en pagos ilegales de la obra Lomas de Ilo, pues la Fiscalía Anticorrupción es la institución competente para hacerlo.
Asimismo, señaló que antes de que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, se pronunciara acerca de la ampliación de las competencias al Equipo Especial Lava Jato a fin de investigar al presidente Martín Vizcarra sobre los presuntos actos ilícitos cuando era gobernador regional de Moquegua, ya se había remitido una comunicación al fiscal Rafael Vela.
"Hay que tener en cuenta que había un pedido por parte del Equipo Especial, para que amplíe sus competencias, y se supone que cuando uno lo efectúa tiene que estar a la espera de esa comunicación”, dijo Tello en Canal N.
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En la misma línea, afirmó que son “una institución jerárquicamente organizada”, por lo cual se ciñen a las decisiones que manifieste la fiscal de la Nación. Además, el fiscal superior sostuvo que “han sido respetuosos de esperar ese pedido de ampliación", con la finalidad de confirmar si iniciaban las investigaciones o continuaban con las mismas.
"Si la doctora nos hubiera indicado que la competencia se le indicaba al Equipo Especial, en otras palabras le ampliaba la competencia y por lo tanto ellos podían investigar los casos que ahora estamos conociendo, sencillamente nosotros no hubiéramos efectuado las diligencias que el doctor Chirre está haciendo”, puntualizó.
El Equipo Especial Lava Jato no podrá investigar los presuntos pagos ilícitos por una licitación de obra en Moquegua, que habrían sido otorgados de parte del consorcio Obrainsa-Astaldi hacia el jefe de Estado, cuando este era gobernador de dicha región.
Esto, debido a que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, desestimó el pedido del Equipo Especial a través de un comunicado, alegando que lo ocurrido fue en el 2014, y debido al cargo que ostentaba en ese tiempo Martín Vizcarra, le corresponde a una fiscalía provincial investigar los hechos.
“Queda fuera de los alcances de la prerrogativa del antejuicio político, establecido en el artículo 99 de la Constitución Política, y (por tanto) es de competencia de una fiscalía provincial”, sindicó.
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