Usuarios subsidian consumo eléctrico de bancos, minas y centros comerciales

La distorsión en el precio de la energía eléctrica producto del derogado Decreto Supremo 043-2017-EM provoca que 7,5 millones de usuarios regulados: hogares, bodegas y talleres, subsidien la luz que consumen 1.800 usuarios libres: mineras, bancos, grandes fábricas y tiendas por departamentos.

Así, se estima que los usuarios regulados pagamos cada mes de 5 a 12 soles adicionales al consumo eléctrico real en nuestro recibo mensual. Además, el Estado pierde unos 150 millones de dólares al año en los ingresos a Electroperú.

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Eso perjudica a los jubilados, pues los fondos de la ONP reciben menos utilidades de Electroperú.

Esto es lo que denuncian desde hace años diversos especialistas, como Roberto Carhuancho Cárdenas, presidente de la Coordinadora General de los Pueblos Unidos de Lima, Callao y Provincias; Edgardo De Pomar de la Asociación el Consumidor Manda-Consumán y los exprocuradores Ronald Gamarra y Julio Arbizu.

Carhuancho, con el apoyo legal de Gamarra y Arbizu, promueve una investigación de la fiscalía a la concertación de precio del gas natural, que sería la causante de esta millonaria distorsión. El Gobierno sabe lo que sucede, pero dice no poder hacer nada ante una “enfermedad” propia del mercado.

Lo justifican diciendo que es el precio extra a pagar por tener un abastecimiento constante de energía eléctrica en el país.

A fines de agosto, en una sentencia histórica, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, que preside el juez supremo Josué Pariona, anuló el referido decreto supremo y demandó solucionar el problema.

El mercado cautivo

Todo este problema surge porque si bien el sistema eléctrico se rige por las leyes de oferta y demanda, esto en el Perú es relativo, pues a 7,5 millones de usuarios se les impone un precio regulado.

La energía eléctrica en el Perú tiene dos mercados mayoristas de venta. Un primer gran mercado mayorista, solo para las empresas eléctricas: generadoras y distribuidoras.

Un segundo mercado mayorista con las distribuidoras y 1.800 grandes empresas, que negocian los precios más convenientes para ellos. Los consumidores regulados, sin participación en el mercado, reciben la electricidad, pagan y subsidian a las generadoras.

De esto resulta que, en la misma cuadra de una calle cualquiera del Perú, un usuario regulado paga US$ 65 dólares el megavatio hora, en tanto que el banco o tienda por departamento que se ubica a su costado paga por la energía que llega en la misma línea de trasmisión de US$ 20 a US$ 25 el MWh.

Pague nomás

Para fomentar la producción de electricidad, el Estado estableció que el precio del gran mercado mayorista se definiría por el costo de prender la última máquina generadora más eficiente, para relegar a las de gas o diésel.

Así, las primeras en vender serían las renovables que producen con luz solar o viento, a las que el Estado les aseguró un precio de US$ 65 el MWh. Pero tres generadoras que usan gas: Kallpa, Enel y Engie declaran un costo cercano a cero, para vender primero.

El precio de la energía se reduce, pero solo a favor de los que pueden negociar y el consumidor cautivo debe pagar un mayor subsidio a las generadoras renovables. Electroperú, que produce con hidroeléctricas o diésel, vende barato lo que le cuesta caro producir y reduce sus utilidades para los jubilados.

Las cifras

7,5 millones de usuarios pagan una energía cara en beneficio de las grandes empresas que compran en el mercado libre.

1.800 grandes empresas se benefician al comprar energía barata en el mercado libre.

US$ 165 millones perderá Electroperú en sus ingresos del 2020.

1 millón de soles mensuales adicionales a su consumo real de electricidad pagan en promedio los usuarios regulados en sus recibos.

La denuncia en la fiscalía

Ronald Gamarra y Julio Arbizu señalan que las pérdidas para la sociedad superan los 127 millones de dólares anuales desde hace unos cinco años.

Se acatará lo que dice la Corte Suprema

En diálogo con La República, el viceministro de Energía, Miguel Rebollo, indicó que darán cumplimiento al mandato de la Corte Suprema de Justicia en un tiempo perentorio.

“Vamos a dar cumplimiento en los próximos días, semanas, vamos a acatar lo que ordena el juez. No te puedo adelantar lo que vamos a hacer. Van a participar los diferentes sectores por un tema de transparencia”, anotó.

Aclaró que lo que se resuelva no tendrá una incidencia inmediata en los consumidores, pues están vigentes contratos de electricidad a 10 años que recién vencen entre el 2025 y 2027.

El viceministro señaló que el Ministerio de Energía y Minas está trabajando un “libro blanco” que permita afrontar los problemas que hoy se observan. “Tenemos proyectado el libro blanco para el mes de junio y a partir de allí proyectar un nuevo marco normativo en el sector eléctrico”, pues es necesario modernizar la legislación vigente desde 1992.

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