El presidente de la República, Martín Vizcarra, aclaró que no comparte la decisión del Poder Judicial de acceder al requerimiento de la fiscal Janny Sánchez para detener preliminarmente por 7 días a 10 investigados comprendidos en el caso ‘Richard Swing’.
En efecto, la madrugada de este viernes 2 de octubre se allanó los domicilios de exfuncionarios del Ministerio de Cultura y Palacio de Gobierno en el marco de las pesquisas sobre las presuntas contrataciones irregulares de Richard Cisneros con dicho portafolio, entre el 2018 y 2020.
“Tengo que decir en esta oportunidad, como lo he manifestado en anteriores veces, respetamos la independencia de poderes; (...) sin embargo, podemos discrepar. No lo hemos hecho ahora, sino cuando se han tomado este tipo de medidas contra connotados líderes políticos como el expresidente Humala y la señora Fujimori”, afirmó desde Patio Taller de Santa Anita.
Asimismo, el jefe de Estado consideró que los audios no justifican la medida aprobada por la jueza Sonia Bazalar Manrique porque, según él, son “inexactas y falsas”.
“Parte de la justificación de esta medida son unos audios de declaraciones que luego se han demostrado que son inexactas y falsas y, en base a estos, se han tomado decisiones tan delicadas como las de hoy”, aseveró Martín Vizcarra.
“Un ser humano no puede ser privado de lo más delicado que tiene, de lo más importante: su libertad. Solamente cuando tenga una sentencia condenatoria. Solo en casos excepcionales se deberían utilizar estas opciones que te da la norma, cuando ese alguien va a fugar. En esta investigación no encontramos la proporcionalidad”, prosiguió.
Vizcarra Cornejo, no obstante, se mostró confiado en que la Fiscalía no encuentre acto irregular en la investigación contra los exfuncionarios detenidos, pero resaltó que sus honras “ya están manchadas”.
“Estas personas fueron sacadas de su seno familiar, estas personas tienen madres, tienen hijos. Cuando se termine el proceso y no amerita ninguna sentencia, ya se dio esta situación”, exclamó.
La diligencia fue autorizada por la jueza Sonia Bazalar Manrique, el pasado 29 de setiembre, a solicitud de la fiscal provincial Janny Sánchez contra los siguientes investigados:
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