La exasistenta presidencial Karem Roca se vale de algunos hechos que si sucedieron para afirmar, contra la realidad, que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y el fiscal José Domingo Pérez protegen al presidente Martín Vizcarra.
Dice, sin prueba alguna, que la concuñada del presidente Rosemary Silva coordina con Pérez desde que era fiscal en Moquegua y que Ávalos se reunió con Vizcarra para coordinar un ataque a los congresistas Edgar Alarcón y Omar Chehade, a cambio de mejorar el presupuesto del Ministerio Público.
Lo único real de lo que dice Roca es que Pérez fue fiscal en Moquegua. Lo demás es falso. Él fue trasladado a Lima en enero del 2011 por su experiencia en el Nuevo Código Procesal Penal, vigente en esa región desde el 2008, no por algún premio o por proteger a alguna autoridad.
La historia es conocida en el ámbito jurídico. En octubre del 2010, el fallecido presidente Alan García adelantó la reforma penal en Lima para casos de corrupción, a partir del 15 de enero del 2011.
Ante esa decisión y sin tiempo para formar a los fiscales, la entonces fiscal de la Nación Gladys Echaiz decidió reforzar Lima con fiscales de provincias que tenían experiencia en el nuevo proceso. Así, Pérez llegó a la capital en enero del 2011 para integrar el subsistema especializado en casos de corrupción.
Es público, que Vizcarra recién asumió como gobernador regional de Moquegua, de enero del 2011 a diciembre del 2014, cuando Pérez ya no trabajaba en esa región y era imposible que lo hubiera protegido, ante alguna denuncia.
Ayer, la fiscalía publicó en sus redes sociales las resoluciones de la fiscalía de la Nación que demuestran los años en que Pérez trabajó en Moquegua y en qué momento fue trasladado a Lima. Desde el 2018 integra el Equipo Especial de Fiscales del caso Lava Jato.
Hay más. Las investigaciones contra Vizcarra en Moquegua se han realizado, no se han detenido ni se han archivado. Hay una acusación penal esperando que concluya su mandato presidencial, para que comparezca a juicio público. Se le atribuye haber permitido pagos indebidos en valorizaciones de supervisión de obras en la construcción de la represa Chirimayuni. Mientras se ha presidente la Constitución prohíbe acusarlo.
Karem Roca también se ha referido a las visitas de Zoraida Ávalos a Palacio y a una supuesta intervención de Rosemary Silva a favor del presupuesto del Ministerio Público.
Las visitas se produjeron y fueron públicas, ni ocultas ni reservadas. El resto es pura fantasía. El 2019, el Ministerio Público pidió un presupuesto de S/ 8.681 millones para el año 2020 y el MEF solo le dio S/ 2.520 millones, lo cual no permitía atender un reclamo salarial de los trabajadores. Por eso, el lunes 25 de noviembre, Ávalos buscó una solución hablando con Vizcarra.
Esto ya generó especulaciones en el 2019, pues en el portal de transparencia de Palacio de Gobierno registraron que la reunión duró tres horas, desde las 09:01 hasta las 11:56 de la mañana. Ávalos tuvo que salir a aclarar que la reunión fue breve, de unos fueron 35 minutos.
Para esto, mostró un ticket del Banco de la Nación que la ubica a las 09:59 minutos en un retiro por ventanilla, por lo que debió realizarlo en persona y no otra persona con su tarjeta. Sobre el mismo tema hubo otra reunión en el MEF. El representante de los trabajadores, Rolando Alcarraz, confirmó el objetivo de la visita. Las conversaciones no tuvieron éxito, el presupuesto del Ministerio Público no se incrementó.
El 9 de julio del 2020 se reunió el Consejo de Estado, en el que interviene Ávalos como fiscal de la Nación. Nuevamente fue un acto público, con difusión de fotos y todo. Ella fue la primera en retirarse, según el reporte de los medios que cubrieron la reunión. Lo demás que se escucha en el audio a partir de esa reunión también es falso.
Hoy el congresista Omar Chehade ni siquiera tiene una investigación fiscal. Los procesos contra el congresista Edgar Alarcón comenzaron en julio del 2017 cuando el fiscal de la Nación era Pablo Sánchez y han seguido su curso en el subsistema anticorrupción.
Casi dos años después, el 26 de marzo del 2019, la fiscal Zoila Sueno presentó la primera acusación contra Alarcón por corrupción y pidió una pena de 17 años de cárcel. Algunos hechos fueron derivados a la fiscalía de la Nación, pues sucedieron cuando el hoy congresista ya era Contralor de la República.
En ese momento, el Congreso no había sido disuelto. Ni se sabía que Alarcón sería congresista y que integraría la Comisión de Fiscalización. En febrero del 2020, a casi tres años de su destitución de la Contraloria, la fiscal Sueno presentó la segunda acusación, lo cual empujó las denuncias constitucionales de julio.
Como es bien conocido, en marzo del 2020 comenzó la cuarentena y el aislamiento social. Durante este tiempo el Ministerio Público trabajó diversos casos para presentarlos al Congreso, cuando se restablecieran las actividades. Efectivamente, el 9 de julio se presentaron dos denuncias constitucionales contra Alarcón ante el Congreso.
Esas denuncias es lo que Karem Roca utiliza para relacionar una coordinación entre la fiscal de la Nación y el presidente Vizcarra contra el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Pero, si se revisan los documentos se verá otra realidad.
La denuncia contra Alarcón en su condición de excontralor por delito de peculado doloso por apropiación agravada fue firmado la fiscal de la Nación el 9 de junio de 2020. Desde esa fecha ya estaba lista. La otra denuncia por Enriquecimiento ilícito fue aprobada y firmada por Ávalos el 19 de junio del 2020.
Todo esto revela que Karem Roca utiliza pequeñas dosis de verdad, de hechos que son públicos y conocidos, para enmascarar una serie de mentiras que tienen el evidente objetivo de restar crédito a las investigaciones del Ministerio Público.
Es claro el afán de desacreditar el trabajo del fiscal José Domingo Pérez en el caso Lava Jato y de la Fiscalía de la Naicón sobre la corrupción en la Contraloria General de la República, en la época de Edgar Alarcón.
Mientras el portal de Palacio decía que Zoraida Ávalos seguía con Vizcarra, ella realizaba un retiro en ventanilla del Banco de la Nación.
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