Constitucionalistas advierten mal uso político de vacancia presidencial
Postura. Se pronuncian en defensa del Estado de derecho y la democracia.
Ante la crisis institucional y política que vive el país, destacados constitucionalistas emitieron un pronunciamiento en defensa del Estado de derecho y la institucionalidad democrática, demandando no solo que las autoridades elegidas democráticamente actúen en el marco de la Constitución, sino que también precisan de una ciudadanía vigilante en defensa del orden constitucional.
“Por eso, quienes nos dedicamos a la enseñanza del Derecho Constitucional nos corresponde, en estas circunstancias, poner al servicio de la ciudadanía nuestros conocimientos, para contribuir a esclarecer a la opinión pública sobre los valores que están en juego cuando ocurre una crisis institucional y política como la que estamos presenciando una vez más”, señalan en el documento.
Indican que la potestad del control político que tiene el Congreso debe ejercerse dentro del marco constitucional, en forma razonable y proporcional, respetando el debido proceso y el equilibrio de poderes.
En cuanto a los audios del presidente Martín Vizcarra y sus asesores, presentados el día en que debió someterse a segunda votación importantes reformas políticas, consideran que deben ser entregados a las autoridades competentes para su investigación antes de ser usados de manera apresurada en el marco de una evidente confrontación política entre dos poderes del Estado.
También anotan que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo deben colaborar con dichas investigaciones, dejando que sean las autoridades fiscales y judiciales quienes esclarezcan los hechos con la máxima transparencia y objetividad que el caso amerita. Y, de ser el caso, al concluirse el periodo presidencial, realizar las investigaciones y acusaciones que correspondan, respetando el marco de la inmunidad presidencial, prevista en el artículo 117 de la Constitución.
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Asimismo, precisan que involucrar al presidente de la República, invocando la causal de incapacidad moral permanente, supone un mal uso político del artículo 113.2 de la Constitución, lo cual puede generar una mayor inestabilidad para el país en medio de una grave crisis sanitaria, económica y social.
Subrayan que la razonabilidad de una decisión basada en dicha causal no se cumple con la simple votación, por calificada que esta fuera, si antes no se ha delimitado los supuestos concretos en que se incurre en ‘incapacidad permanente’.
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