Al interior de la bancada de Acción Popular habría posiciones encontradas respecto al ex fiscal de Nación Pedro Chávarry. Solo 14 legisladores de los 25 que conforman la representación nacional de la lampa firmaron la denuncia constitucional. El documento no cuenta con las rúbricas del parlamentario Luis Roel ni del vocero de la bancada, Otto Guibovich.
Fue a través de las redes sociales que parte de este grupo parlamentario hizo pública su acusación constitucional contra Chávarry en su condición de alto funcionario del Estado.
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El camino que seguirá esta denuncia tiene como próximo destino la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside el legislador de Acción Popular, Luis Roel. Precisamente, hay desconfianza en algunos parlamentarios de la lampa, ya que la semana anterior no revisaron el acuerdo del Congreso disuelto que favoreció al exfiscal de la Nación. Esta situación fue considerada y calificada como un nuevo blindaje a Pedro Chávarry por legisladores del Frente Amplio, Partido Morado y el mismo Acción Popular.
Y es que en ese ínterin, la mencionada subcomisión acordó continuar la indagación contra el extitular del Ministerio Público por el presunto delito de atentado contra la conservación e identidad de objetos, dejando de lado aquellos presuntos ilícitos con mayor pena, como encubrimiento personal y real, que vulneran los artículos 405 y 404 del Código Penal, además de la infracción a varios artículos de nuestra Carta Magna.
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Asimismo, se rehusaron a revisar la decisión del Congreso disuelto que archivó parte de la denuncia que la actual fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó contra el fiscal supremo.
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Por otro lado, en las últimas horas la Presidencia del Congreso recibió una carta en la que un exintegrante de la Mesa Directiva del Colegio de Abogados de Lima (CAL) pide que se conforme una comisión investigadora para determinar el presunto blindaje a Chávarry, así como a jueces y fiscales supremos, y miembros del fenecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) vinculados a la red criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
En la misiva, sostienen que tanto Chávarry como varios juristas estarían involucrados en presuntos actos de corrupción con la finalidad de evitar que la Dirección de Ética y Consejo de Ética del CAL suspenda su colegiatura por presuntas faltas a la profesión y de esta manera mantener una hegemonía corrupta en el sistema nacional de justicia.
Acusan de esos hechos a la entonces decana del CAL, María Elena Portocarrero, la Junta Directiva, miembros del Tribunal de Honor y delegados.
En un mensaje en video, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, resaltó la labor de los fiscales y trabajadores que durante la cuarentena han seguido acudiendo de forma presencial, para prevenir y combatir el delito, exponiendo su vida y la de sus familiares.
Desde el 16 de marzo hasta el 26 de junio, los fiscales han atendido 5.804 denuncias de violencia en el grupo familiar, 9.460 agresiones y lesiones graves contra mujeres y miembros de la familia, 925 violaciones sexuales, 14 feminicidios y 30 tentativas de feminicidio.
Hoy, los fiscales se reintegran al trabajo presencial y en los siguientes días atenderán al público.
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