El titular del Congreso de la República, Manuel Merino de Lama, defendió, este lunes en conferencia de prensa con su bancada de Acción Popular, las contrataciones de más trabajadores para la Mesa Directiva en el actual periodo legislativo.
El último domingo, Cuarto Poder informó que en medio de la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) este grupo representativo del Legislativo aumentó el número de sus asesores de la presidencia y de las vicepresidencias, que significó un gasto de más de S/ 330.000 mensuales solo en los sueldos de este personal.
“Consecuentemente el funcionamiento de este Parlamento, que ha tenido que exponerse de manera inicial para poder sesionar virtualmente, no ha significado que en ningún momento hemos dejado de hacer las sesionar debidas. En el caso de la Mesa Directiva, sí, efectivamente hay un incremento de un asesor más en cada una de las vicepresidencias, que fue impuesto en el marco estricto a esta pandemia”, declaró Merino a la prensa.
El parlamentario de Acción Popular, en conferencia de prensa, sostuvo que estas nuevas integraciones se debió a la necesidad de sesionar de manera virtual ante el estado de emergencia por la pandemia del nuevo coronavirus. Precisó que no todos son asesores.
“Necesitábamos gente especializada de soporte para el funcionamiento de cada una de las vicepresidencias. Hablo a título de los tres vicepresidentes y de mi persona como presidente. De 12 a 13, y de 10 a 11. Lo que es bueno aclara que no son 13 asesores, en caso de la presidencia son 6 asesores y en la vicepresidencia, 5. Montos que se va ir incrementando de acuerdo a la necesidad”, continuó.
Conferencia de prensa de la bancada Accion Popular en las instalaciones del Congreso de la Republica/ Fotos: John Reyes
Respecto al bono de refrigerio o racionamiento aprobado por la Mesa Directiva para cada trabajador del Congreso, el cual equivale a S/ 1.200 mensuales por empleado, indicó que esto se da por un convenio colectivo y que este será devuelto con “trabajo”
“El pago de los viáticos de alimentos de los trabajadores del Congreso, es en una reunión que sostuvimos con ellos, el compromiso de ellos es devolvernos el pago con trabajo. El pensar que no lo van a devolver solamente queda en el pensamiento”, precisó que los beneficiados son los que están en el régimen 128, correspondiente a convenios colectivos.
Enfatizó que la revelación de esta noticia es parte de una campaña que busca “desprestigiar” al nuevo Congreso, y que se trata posiblemente de intencionalidades políticas de “otros sectores” porque iniciaron las labores de fiscalización a las entidades luego del periodo de interregno parlamentario.
“Esta mesa ha sido sistemáticamente golpeada. ¿Esos golpes serán por algún interés de grupo de poder? Posiblemente. ¿Por un tema evidentemente político de alguno de los sectores? Evidentemente. ¿Por la propia situación de haber tenido un Gobierno de 6 meses dando decretos de urgencia de una manera independiente y retomar nuevamente a hacer una repercusión fiscalizadora? Derrepente y posiblemente”, mencionó Merino de Lama.
Precisó que a comparación de otos periodos legislativos, el Legislativo en general cuenta con 450 trabajadores menos. Detalló que en el servicio parlamentario en el mes de setiembre de 2019 tenía 1268 y en mayo de este año contaba con 1699. En la organización parlamentaria, correspondiente a asesores de congresistas, despachos y comisiones; en setiembre eran 1211 y ahora son 988.
“Quiero reafirmar, lo que se está tratando es querer desprestigiar a este nuevo Congreso. Vamos a reafirmar este compromiso. A nosotros no nos van a amedrentar este tipo de publicaciones que lo que quieren es maltratar a la institución. Yo creo que la Presidencia, Mesa Directiva del Congreso y los 130 congresistas en general estamos en la misma línea. De ninguna manera estamos haciendo algo corrupto, de ninguna manera”, reiteró.
Por otra parte, Manuel Merino de Lama, junto al vocero de Acción Popular, Otto Guibovich, y a los congresistas de la bancada Mónica Saavedra y Ricardo Burga, anunciaron que la bancada presentará ante la Contraloría la declaración jurada de intereses de los 25 integrantes.
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