Más allá del color

Una ola de indignación pública ha obligado al excongresista, exministro y general del Ejército en retiro, Daniel Mora, a renunciar a su candidatura parlamentaria por el Partido Morado, al revelarse un grave caso de violencia contra su esposa.

Lo datos, ciertos y corroborados por un juzgado que protegió a su cónyuge, indican que Mora la agredió físicamente en medio de una discusión, le propinó una cachetada, le rompió la nariz y le pateó cuando estaba caída en el piso. Luego de actuadas las evidencias, el Octavo Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima determinó que Mora se someta a una terapia psicológica como medida de protección para la demandante, a efectos de lograr el control de sus emociones e impulsos, y que cese el maltrato físico y psicológico contra su esposa.

Respecto a este hecho, a todas luces reprobable en cualquier ciudadano y más aun en quien ha alcanzado altas responsabilidades públicas y profesionales, queda claro que el candidato renunciante no fue leal a su partido. Ocultó el grave acto que cometió, amparado en que como secretario de Organización dirigía el proceso de selección de candidatos y tenía a su cargo, precisamente, la tarea de impedir la candidatura de postulantes cuestionados.

Él mismo lo era, y no dudó en someter a su grupo a un trance desagradable por sus deseos de retornar al Congreso, bajo la ilusa esperanza de que su proceder violento quedaría en el secreto, una forma de impunidad pública que quiso alargar sometiendo a la víctima a la ingrata tarea de defenderlo.

Ante la agregación de deslealtades, hizo bien su partido en aunarse a la exigencia de que renuncie a la lista de candidatos y demandar al Jurado Electoral Especial de Lima Centro que retire su postulación.

Es obvio que este es un mal momento para el partido por el que postulaba Mora, y es entendible que sus adversarios electorales no pasen por alto señalarlo y, en ese afán, apuntar a las responsabilidades de esa colectividad política.

Sería, sin embargo, incorrecto que el asunto se aborde como exclusivo de un grupo político, sin extraer las lecciones referidas al escaso cuidado que han tenido los partidos en la selección de postulantes sobre los cuales pesan acusaciones de violencia contra la mujer, abandono de sus obligaciones alimenticias y hasta proxenetismo.

Al pasarse la página de este hecho, debe quedar la convicción de que más allá de los colores partidarios y de los efectos electorales de este suceso no puede aspirar a la representación popular quien tiene antecedentes de violencia contra la mujer, en casos judicializados o no.