Paso al costado

El manejo de la empresa McDonald’s Perú en el caso de los dos jóvenes trabajadores −Carlos Gabriel Edgardo Campos Zapata y Alexandra Antonella Porras Inga− que murieron electrocutados en su tienda de Pueblo Libre mientras hacían labores de limpieza ha sido desastroso, desde la falta de facilidades a los bomberos hasta sus expresiones públicas carentes de empatía con las víctimas.

A raíz de esta tragedia se han transparentado una multitud de historias personales del dramático escenario de empleo juvenil precario, informal, de bajos ingresos, y la falta de acceso a la sindicalización, que este diario ha empezado a documentar.

En el cuadro de responsabilidades emerge la actitud del Estado, es decir, del ente rector de materia laboral, indolente en relación con los casos anteriores que quedaron en la impunidad, y en este caso.

Repitiendo un libreto gastado, las dos respuestas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) han sido hasta ahora una investigación de 30 días y una probable multa, sin referirse a los temas que subyacen en este drama, una cuestión de derechos que afecta a decenas de miles de trabajadores; algo que se esperaba de quien se encuentra a cargo de la ejecución de políticas.

Este silencio se contradice con la locuacidad de la ministra respecto a otros temas, por ejemplo, sus comentarios temerarios acerca de que los migrantes venezolanos en el Perú han desplazado a dos tercios de los 86 mil jóvenes que perdieron su trabajo en el último trimestre de este año, un dato ausente de verificación y que espoleará la xenofobia. Alguien ha sugerido que es mejor desviar el tema de los dos jóvenes carbonizados a los venezolanos, lo que no ha tenido éxito.

Hace unas horas, la titular del MTPE ha emitido otra excusa, que el caso está bajo investigación y “según los procedimientos y protocolos la investigación tiene carácter reservado”, por lo que se ha negado a entrar “en detalles”. Si bien la investigación de la muerte de los dos jóvenes puede ser reservada −no se sabe en mérito a qué disposición procesal−, no puede ser reservada la sensibilidad, la información sobre las normas que precarizan el empleo de millones de jóvenes, el abrazo a los familiares ni la promesa de cambio. La humanidad no puede ser reservada.

La responsabilidad política existe. Quizá sea el momento del paso al costado y de un cambio en un sector que necesita dotarse de sensibilidad. No parece haber otra salida ante una cifra que encoge el corazón: en 10 meses de este año se han registrado 194 muertes y más de 29 mil accidentes laborales en todo el país.