La investigada por colusión y otros delitos en el caso Gasoducto Sur, Nadine Heredia Alarcón, tuvo otro revés en el Poder Judicial, en el contexto de las indagaciones relacionadas con Odebrecht.
En esta ocasión la Sala de Apelaciones Anticorrupción determinó rechazar dos tutelas de derechos interpuestos por la ex primera dama el 23 de julio pasado ante el juez Juan Sánchez Balbuena.
Ambas consistían principalmente en cuestionar las razones de por qué se aplicó la figura del testigo protegido a la persona con clave T.P. 01-2016 en el caso que tiene a cargo la fiscal del Equipo Especial Lava Jato Geovanna Mori.
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Con ello también buscaba acceder a su declaración, no obstante la Sala del juez superior Ramiro Salinas Siccha determinó que la persona cuya identidad se mantiene en reserva “se vería perjudicado con esta medida”.
Asimismo, si le daba la razón a Heredia, iría contra la decisión del fiscal que decidió otorgarle la reserva al testigo, indica la resolución. En ese tiempo, cabe precisar, el caso Gasoducto Sur lo tenía Reynaldo Abia. No podía deshacerese ello y poner en riesgo al testigo.
Otra tutela que fue rechazada intentaba que el caso no continúe bajo el amparo de la Ley del Crimen Organizado N° 30077, que permite que el plazo de la investigación preliminar sea por hasta 36 meses.
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Es decir, que como no existía un delito específico de crimen organizado en la investigación que se sigue contra más de 20 personas, no había motivos para que el caso sea comprendida con esa ley.
Así, luego se pudo sustentar un “control de plazo”, recurso que obligaría a culminar la investigación por exceso de tiempo de las pesquisas.
Sobre este punto, el Poder Judicial también desestimó el recurso puesto que el caso Gasoducto Sur se encuentra vinculado a Odebrecht y, además, tiene una considerable cantidad de investigados que hace el tema complejo.
“Podemos concluir que, en el presente caso, resulta totalmente factible que se aplique la Ley N°30077 en su aspecto procesal, pues se verifica la vinculación a una organización criminal”, reza el fallo judicial.
La fiscal Geovanna Mori investiga en la carpeta la presunta comisión de los delitos de colusión y lavado de activos por presuntos tratos ilegales entre Nadine Heredia y otros implicados con Odebrecht, para la licitación del proyecto “Mejoramiento de la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”.
Actualmente existe un pedido de impedimento de salida del país por el plazo de 6 meses contra 27 investigados, entre ellos la ex primera dama. Un juez distinto a Juan Sánchez Balbuena deberá pronunciarse sobre esta solicitud fiscal.