A inicios de octubre, las empresas OAS Brasil, OAS Perú y Línea Amarilla S.A.C. (LAMSAC) fueron incorporadas al caso que se sigue contra Susana Villarán y otras 17 personas por haber recibido presuntas coimas de Odebrecht y OAS.
Como consecuencia, LAMSAC, quien fue la única que se opuso a esta decisión judicial del magistrado Jorge Chávez Tamariz, interpuso una recusación que pretende apartar a este juez del caso.
A raíz de ello, el funcionario ha programado para el 22 de octubre a las 10 a.m. la audiencia para que la defensa de la persona jurídica alegue sus argumentos.
De este modo, el CEO de la empresa LAMSAC, Laurent Cavrois, presentó el jueves 10 de octubre pasado el mencionado recurso que cuestiona la imparcialidad del magistrado que preside el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria.
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Cabe precisar que el 19 de setiembre, Chávez Tamariz, aprobó el aumento de una posible reparación civil entre los implicados de US$8 millones a US$20 millones. Asimismo, fue él quien aprobó la incorporación de la empresa como tercero civil responsable el 3 de octubre.
Con la inclusión de LAMSAC como tercer civil responsable, la empresa podría, en una eventual sentencia, compartir el pago de la reparación civil, fijada preliminarmente, en US$20 millones junto a OAS y el resto de personas naturales investigadas.
En caso que el magistrado Jorge Chávez rechace el pedido para apartarlo del caso, intervendría la Sala de Apelaciones Anticorrupción presidida por el juez Ramiro Salinas Siccha.
En un comunicado previo de la concesionaria, ahora en propiedad de la empresa francesa Vinci Highways, sostuvo que aún no se ha probado la responsabilidad civil de LAMSAC en el caso.
Comunicado de Lamsac.
Allí se menciona también que “considerando que Lamsac no tuvo participación directa ni indirecta en los mismos, utilizaremos todos los recursos legales que correspondan para lograr el respeto de sus derechos como inversionista y demostrar que no existen elementos que determinen su responsabilidad”.
Como se recuerda, según las pesquisas del fiscal Carlos Puma Quispe, Villarán habría recibido alrededor de US$10 millones de Odebrecht y OAS para sus campañas contra la revocatoria (2013) y la reelección municipal (2014) a cambio de obras en la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Una de ellas habrían sido los peajes que se cobran en la capital por la concertación de un aumento progresivo de los mismos en virtud a la gestión y fórmula otorgada por un exfuncionario de Villarán, Domingo Arzubialde, quien ahora cumple una condena de 4 años y 4 meses por negociación incompatible.
LAMSAC, además, tiene un juicio pendiente por este caso para determinar únicamente el pago de reparación civil que debe pagar junto a Arzubialde, a pedido del procurador ad hoc Jorge Ramírez.
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El magistrado Raúl Caballero Laura, del Segundo Juzgado Unipersonal Anticorrupción, está a cargo de este incidente pero aún no se programa una fecha de audiencia, luego de que la Corte Suprema de Justicia determinara el 28 de agosto último que la empresa debía estar incluida en este proceso por el aumento de los peajes desde el 2013.