Consejeros de Puno frustran suspensión del gobernador Aduviri

Kleber Sánchez

El pleno del Consejo Regional de Puno no logró suspender al gobernador regional Walter Aduviri Calisaya por supuestamente no alcanzar el número legal de votos. Por ende, se dispuso elevar lo actuado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), para que resuelva la suspensión. Aduviri cumple prisión por seis años tras sentencia.

El Legislativo regional cuenta con 18 consejeros, nueve de ellos ayer votaron a favor de la suspensión, mientras que tres se abstuvieron. Los restantes seis, curiosamente y sin pedir permiso al presidente del consejo, se retiraron de la sesión extraordinaria antes de la votación. No obstante, antes de que culmine la sesión, regresaron a sus asientos.

El presidente del Consejo, José Luis Borda Cahua, informó que, de acuerdo al reglamento interno, se deberá tener 50% más un voto para aprobar la suspensión, es decir, 10 votos. Sin embargo, solo se alcanzaron nueve, por lo que la suspensión no fue aceptada.

Abogados consultados por La República manifestaron que el JNE devolverá todo lo actuado al Legislativo regional, para que vuelva a debatir el pedido suspensión de Walter Aduviri, de acuerdo al artículo 31 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (LOGR).

Este artículo de la LOGR refiere que la suspensión es declarada en primera instancia por el Consejo Regional y que debe cumplir con el debido proceso y el derecho de defensa. Dispone que se apruebe por mayoría del número legal de miembros y por un período no mayor a 120 días, lo que no ocurrió ayer en la sesión extraordinaria.

Región acéfala

Mientras prosigue el trámite de suspensión, el Gobierno Regional de Puno queda acéfalo ante la ausencia de Aduviri. Debido a que no se suspendió a la autoridad, el vicegobernador no puede asumir el cargo de gobernador.

Además, a través del Oficio N.° 713-2019-GR Puno/GRP, emitido por el gerente regional de Puno, Dione Pacoticona, se advierte del riesgo de perder 23 millones de soles correspondientes al pliego central y unidades ejecutoras, en vista de que el gobernador no cumple gestiones.

Dicho presupuesto sería para el pago de la planilla de trabajadores activos y pensionistas, el mismo que debe ser presentado por el titular del pliego al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 10 de diciembre. En caso contrario, se perdería, según se indica en el documento.

El abogado Miguel Pino consideró como artimaña la actuación de algunos consejeros. Sostuvo que aún así la suspensión debería ser considerada válida, pues se tuvo la participación de 18 consejeros en sesión. A pesar de que seis no justificaron su retiro, se les podría considerar como abstenciones. Acotó que se podría denunciar penalmente a los consejeros por omisión de funciones.