Venden en US$ 6 mllns terreno de US$ 32 mllns

Por: María Elena Hidalgo

Once días antes de concluir su gestión, el exburgomaestre distrital de Paracas Miguel Castillo Oliden remató un terreno de 100 mil metros cuadrados de propiedad del municipio por 6 millones de dólares cuando su valor real es de 32 millones de dólares.

El predio está emplazado a la altura del kilómetro 16 de la vía Pisco-Paracas, considerada como la zona de desarrollo turístico y comercial más importante del balneario, donde el metro cuadrado alcanza los 320 dólares, según la tasación dispuesta por la actual alcaldía. Sin embargo, el exalcalde Castillo lo valorizó en 60 dólares y lo vendió al consorcio PJK SAC y REIPA SAC, cuyo representante legal es el empresario Alexandre Pareja Quintanilla.

Además del precio subvaluado, la alcaldesa paraqueña Rosario Ramírez Gamboa detectó irregularidades en la venta: el consorcio no pagará los 6 millones de dólares en efectivo, sino con la entrega de 152 viviendas que se destinarán para fines sociales, que el consorcio construirá en el mismo terreno. Según el acuerdo entre el exalcalde Castillo y el consorcio PJK SAC y REIPA SAC, esas casas serán habilitadas en un espacio de 55.285 metros cuadrados del terreno vendido. El resto, 44.715 metros cuadrados, quedará a libre disposición del consorcio sin retribuir nada al municipio de Paracas. El exalcalde Miguel Castillo defendió la venta y afirmó que se trataba de un acto “histórico”.

Por su parte, el representante de la empresa, Alexandre Pareja, aseguró la transparencia del proceso y alegó mala fe de la alcaldesa Ramírez por cuestionar la compra-venta.

Operación inmobiliaria

Según los cálculos presentados por el consorcio, y que figuran en el contrato con la municipalidad, el monto de inversión para este complejo sería 391 millones de soles, cifra demasiado alta para ser asumida por un consorcio cuyo capital social es de un millón 800 soles, según su ficha registral.

La operación inmobiliaria empezó el 30 de noviembre del 2017 cuando las autoridades ediles aprobaron un informe técnico denominado “Construcción de un Complejo de Viviendas, Complejo Multifamiliar, Centro Comercial, Centro Empresarial y Viviendas Sociales en el distrito de Paracas”. La propuesta fue presentada por la empresa APQ SAC, representada por Catherine Hernández Quintanilla, familiar de Alexandre Pareja Quintanilla. Las autoridades ediles de entonces decidieron contratar a un especialista en proyectos de inversión y contrataciones del Estado para que evaluara el planteamiento de APQ SAC. También a un perito tasador para determinar el valor comercial del predio.

El 9 de enero del 2018, el Comité de Inversiones del municipio se reunió con el perito tasador Juan Velásquez Valdivia, quien determinó que el valor comercial del metro cuadrado era de 60 dólares, cuando el precio que señaló la tasación encargada por el actual concejo era de 320 dólares. Al momento de realizar la tasación, Velásquez no estaba habilitado para ser tasador de predios estatales, por lo que no podía determinar el costo real del terreno.

El 24 de octubre del 2018, el municipio publicó un aviso en el diario oficial El Peruano convocando a concurso para la adjudicación del proyecto. Fijó un plazo de 90 días para la presentación de propuestas de los postores. Pero el 3 de diciembre, incumpliendo los plazos señalados, el Comité de Inversiones, con la aprobación del exalcalde Castillo Oliden y sus regidores, declaró como “único postor calificado del concurso al consorcio integrado por las empresas PJK SAC y REIPA SAC”. Es decir, el mismo consorcio que planteó el proyecto.

Según la actual gestión, no hubo actas de presentación de propuestas ni precalificación de postores. Por lo tanto, existió un notorio favoritismo.

“Descubrimos que el metro cuadrado estaba a 60 dólares, un monto muy bajo, cuando sabemos que el terreno en esa zona, por estar frente al mar y cerca a la carretera, es mucho más elevado”, dijo la directora de la Oficina de Asesoría Legal del municipio, Denisse Cordero Villena.

“Todo el proceso se hizo de acuerdo a ley”

“Este contrato es histórico. Es una visión que viene desde el 2013. Se necesitaba un centro empresarial y financiero, una zona comercial y un terminal terrestre. Se requería invertir una fuerte cantidad, pero como municipalidad no teníamos el dinero”, dijo el exalcalde Miguel Castillo.

“Hay mala voluntad de la nueva gestión. Todo el proceso de licitación ha sido de manera formal, de acuerdo a ley y no entiendo por qué se quiere anular. He mandado cartas para reunirme con ellos, pero no recibo respuesta y de frente han puesto una demanda legal”, afirmó Alexandre Pareja.

El contrato

El consorcio de constructoras pagará el terreno al municipio no con dinero en efectivo sino con 152 viviendas para “uso social”