Algunos fiscales y jueces se han puesto de acuerdo para que Barata sea un colaborador eficaz, pero el Ejecutivo y el Legislativo parecen empeñados en evitar que cante.,Algunos fiscales y jueces se han puesto de acuerdo para que Barata sea un colaborador eficaz, pero el Ejecutivo y el Legislativo parecen empeñados en evitar que cante todo lo que sabe sobre la corrupción en el Perú. El Ejecutivo ha tomado un conjunto de medidas contradictorias (D.U 003, embargo de bienes y cuentas bancarias de Barata, expropiaciones de empresas de Odebrecht, sanciones a la empresa que colabora, etc,) que, independientemente de sus aparentes buenas intenciones, pueden bloquear la colaboración eficaz. A esto se añade la exigencia, que el abogado de Barata ha calificado de exorbitante, de la Procuraduría del pago de más de mil millones de dólares de reparación civil por daños y prejuicios referidos a tres proyectos (Gasoducto Sur Peruano, Interoceánica Su Tramo 2 y 3, carretera Chacas-Ancash). Aún no se sabe a cuánto ascenderá el monto total de reparación civil porque falta calcular los daños y perjuicios de otros proyectos (Tren Eléctrico, Vía de Evitamiento del Cusco y el tramo del Callao de Costa Verde). El procurador alega que una cosa es la colaboración eficaz (de las personas) y otra cosa es la reparación civil (de las empresas), pero no toma en cuenta que ambas están estrechamente relacionadas. Una política de colaboración eficaz y de lucha contra la corrupción tiene que tomar en cuenta este dato fundamental. El problema de fondo es que no existe una política nacional de lucha contra la corrupción en general y del Lava Jato en particular. Al Congreso le interesa blindar a KF y AG, los casos más graves de corrupción, y embarrar hasta el cuello a los enemigos y adversarios de todas corrientes ideológicas. Basta examinar las actividades de la Comisión de Lava Jato, el listado de los políticos investigados, el tratamiento diferencial con sus líderes cuando han sido llamados, las horas dedicadas a “investigar” a sus adversarios. Esa Comisión, que muchos llaman con razón Lava Keiko y Lava García, ha perdido todo respeto y toda legitimidad. ¿En qué consiste una política nacional de tratamiento de corrupción del Lava Jato? Sugiero algunos objetivos de esa política: Información y divulgación de todos los políticos y empresarios peruanos involucrados en la corrupción, sanciones drásticas a todos los corruptos, acuerdo de pago de una reparación civil de las empresas extranjeras y nacionales implicadas, evitar daños colaterales a terceros (trabajadores de las empresas implicadas) que no tienen nada que ver con la corrupción, invitación a todas empresas a participar en una política de colaboración eficaz. Claudia Cooper, la ministra de Economía, tiene cierta claridad sobre lo que hay que hacer en el caso de Lava Jato: “Tenemos que trabajar ese equilibrio entre sancionar a las personas culpables y que las empresas paguen una reparación civil. Pero también tenemos que hacer viables a las empresas”. Sería deseable que los Poderes del Estado, más allá de las tensiones y conflictos que los envuelven, y la sociedad civil organizaran una vigorosa Comisión Nacional de lucha contra la corrupción que fuera capaz de establecer una política nacional de lucha contra este flagelo.
