Treinta años de la Defensoría del Pueblo, por Pedro Grández Castro

La semana pasada estuvo de aniversario la Defensoría del Pueblo. Hace 30 años, un 11 de setiembre de 1996, don Jorge Santistevan de Noriega, el primer defensor del Pueblo, abría las puertas de una nueva institución a la que la Constitución de 1993 apenas le dedica dos de sus 206 artículos. La Defensoría del Pueblo nació en medio del escepticismo institucional de aquellos años, pero pronto, de la mano de su primer titular, fue ganando entusiasmo y, sobre todo, la confianza de la ciudadanía. En un país con tantas frustraciones por el mal funcionamiento del Estado y la desatención histórica de los derechos de los ciudadanos más olvidados, la Defensoría parecía responder a ambos desafíos, el de defender los derechos fundamentales y el de vigilar el buen funcionamiento del Estado y los servicios públicos.

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Santistevan de Noriega asumió el cargo en marzo de 1996 y lo ejerció hasta el año 2000, los años de lucha contra el intento del régimen de Fujimori por perpetuarse en el poder mediante una tercera reelección inconstitucional, un defecto de fábrica del proceso electoral, como él mismo insistía en llamarlo al denunciarlo. Santistevan repetía, en sus entrevistas de aquellos años, una idea que resume bien el espíritu fundacional de la institución. La de que el ciudadano estaba por encima de la política y que los funcionarios públicos debían su legitimidad a la atención de las prioridades de los más vulnerables. Bajo su conducción la Defensoría afianzó su nombre más allá del rótulo, pues defensoría del pueblo significaba una instancia de intermediación para los ciudadanos cuando la maquinaria del Estado los olvida o, peor aún, los agrede.

Consciente de su misión, Santistevan convocó un equipo de primer nivel. Para la adjuntía en Asuntos Constitucionales llamó a Samuel Abad Yupanqui, que ocupó el cargo entre 1996 y 2005 y convirtió a la Defensoría en litigante constitucional de primer orden. Bajo su impulso se gestó, entre otras, la demanda contra el artículo 337 del Código Civil, que dejaba a la discrecionalidad judicial, conforme a la educación y las costumbres de los cónyuges, la apreciación de la sevicia y la conducta deshonrosa como causales de divorcio. El Tribunal Constitucional (Expediente 018-96-I/TC) declaró fundada la demanda y suprimió ese resabio decimonónico que hacía depender de la clase social de la víctima su protección frente al maltrato conyugal. La misma adjuntía impulsó la batalla contra la ley de levas, práctica inconstitucional que el Estado arrastraba desde el siglo XIX, arrinconada mediante sucesivos amparos hasta que la Ley del Servicio Militar de 2008 acabó con el reclutamiento forzoso de los hijos de las familias más humildes.

Tras la gestión de Santistevan hubo periodos de gestión interina, como la del Dr. Walter Albán, entre el 2000 y el 2005, que supo mantener el liderazgo e incluso fortaleció la presencia de la Defensoría a nivel nacional. Le siguió la primera mujer en ocupar el cargo, la Dra. Beatriz Merino, entre 2005 y 2011, quien resumió el sentido de la institución en una frase acuñada para el trabajo con las víctimas del conflicto armado interno, un pueblo sin memoria es un pueblo sin destino. Bajo su gestión llevó a comisionados a cientos de distritos alejados para atender a las poblaciones más pobres, que ni siquiera sabían de la existencia de un defensor a quien acudir. Le siguió el Dr. Eduardo Vega, entre 2011 y 2016, bajo cuyo mandato la institución fortaleció su trabajo a favor de los grupos vulnerables y empujó la aprobación de la Ley 30470, que dotó al Estado de una política pública de búsqueda y recuperación humanitaria de las más de veinte mil personas desaparecidas entre 1980 y 2000, uno de los servicios más silenciosos y relevantes de la Defensoría.

Incluso en años de polarización política, la Defensoría siguió cumpliendo un papel relevante. La gestión de Walter Gutiérrez (2016-2022), sin el mismo despliegue a favor de los derechos de las comunidades indígenas o de los grupos vulnerables, no abandonó la línea central de la institución en la denuncia de atropellos, como ocurrió en noviembre de 2020, cuando denunció con firmeza el uso desproporcionado de la fuerza que precipitó la caída del fugaz régimen de Manuel Merino.

Treinta años de todo esto, y de mucho más, merecerían una celebración apoteósica. Pero la sesión solemne del 11 de setiembre no puede leerse sin el contraste de la última gestión, la de una Defensoría que hoy enfrenta investigaciones fiscales por presuntos favoritismos en contrataciones y ascensos, que ha llevado al Tribunal Constitucional una demanda contra la ley de extinción de dominio que el propio subsistema especializado del Poder Judicial advirtió que favorecería a las estructuras del crimen organizado, y cuyo titular tuvo que disculparse ante el Congreso después de sugerir, en una entrevista radial, que la popularidad de la presidenta aumentaría si, imitando a su padre, se animara a cerrar el Congreso. Pero el deterioro de la imagen de la Defensoría no es reciente. El año pasado, tres de los antiguos titulares de la institución, Walter Albán, Eduardo Vega y Eliana Revollar, se reunieron a recordar el aniversario de la Defensoría y a su primer defensor, y se preguntaron, según contó luego Revollar, qué hubiera hecho Santistevan frente a la Defensoría de hoy. Los tres coincidieron en que ya no podían seguir en silencio mientras veían desmoronarse la credibilidad de la institución a cuyo prestigio contribuyó tanto.

Fue precisamente en ese contexto, con la denuncia constitucional contra su titular todavía fresca, que la presidenta Keiko Fujimori se presentó a saludar, en la sesión solemne del pasado 11 de setiembre, la “independencia de la institución” y su aporte al fortalecimiento de la democracia. Un desatino más, han escrito algunos editorialistas ante la falta de conexión de la presidenta con lo que toda la ciudadanía observa con preocupación, un titular empeñado en caerle bien al poder que debe fiscalizar y en trabajar para intereses no siempre claros, aunque claramente alejados del pueblo al que se debe la institución.