Una propuesta de agenda legislativa con impacto positivo en el empleo, por Fernando Cuadros Luque

El gobierno ha presentado al Congreso de la República un proyecto normativo de solicitud de delegación de facultades para legislar en diversas materias, el cual, lamentablemente, contiene un conjunto de medidas que son contrarias a los intereses de los trabajadores, como pudimos analizar en mi columna anterior.

En tal sentido, el Congreso debería negar dicha solicitud de facultades al Ejecutivo, y desarrollar, vía sus canales convencionales, una agenda legislativa para promover el empleo de calidad.

A continuación, expongo los principales aspectos sobre los cuales debería legislar el Congreso en los próximos 5 años.

Modificación de la Ley de Orgánica del BCRP

Implica incorporar metas de empleo formal en la política monetaria del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), tomando como referencia la labor de la Reserva Federal de Estados Unidos y otros bancos centrales.

La combinación de metas de inflación y de empleo formal en la política monetaria permitirá un rol más activo del BCRP en la promoción del crecimiento económico.

Ley de reforma tributaria

Se trata de eliminar las exoneraciones tributarias ineficientes, ampliar la base de contribuyentes y permitir que quienes perciban mayores rentas y tengan grandes patrimonios contribuyan más, para ampliar la presión tributaria de 14% a 21% del PBI al 2031.

Ello permitirá acelerar la inversión pública en infraestructura productiva para reactivar la economía, mejorar la productividad y ampliar el crecimiento económico potencial; así como mejorar la cobertura y calidad de los servicios públicos (educación, salud, agua y saneamiento, seguridad, etc.).

Ley de presupuesto público

Es necesario dotar de mayores recursos presupuestales a los programas Trabaja Perú (Llamkasun) y Jóvenes Productivos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), para generar una mayor cantidad de empleos/ingresos temporales para los más vulnerables (sobre todo mujeres), a nivel urbano y rural; y mejorar la empleabilidad de los jóvenes a nivel nacional vía capacitación laboral, certificación de competencias laborales y gestión de la inserción laboral.

Al menos se deberá duplicar el presupuesto y la cantidad de beneficiarios de ambos programas en los próximos 5 años.

De otro lado, resulta impostergable dotar de los recursos económicos y humanos necesarios al Poder Judicial para atender oportunamente las demandas laborales y previsionales, en cumplimiento de la normativa procesal.

Ley de incentivos a la contratación formal de jóvenes

Implica establecer un subsidio temporal a los aportes a la seguridad social en salud y pensiones, para incentivar la contratación formal y estable de jóvenes en micro y pequeñas empresas-MYPE (con énfasis en las mujeres).

El objetivo es reducir significativamente los niveles de inactividad laboral, desempleo, subempleo e informalidad de los jóvenes.

Nueva ley agraria

Para equiparar los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores agrarios con los del régimen general; brindar estabilidad laboral (continua o discontinua, según corresponda); fomentar la negociación colectiva (sobre todo supraempresarial); y reducir progresivamente los beneficios tributarios otorgados a la agroexportación.

Permitirá que la bonanza agroexportadora beneficie también a los trabajadores vía mayores remuneraciones y mejores condiciones laborales.

Modificación de la ley general de inspección del trabajo

Para fortalecer la inspección laboral. Se trata de otorgar más competencias (como la facultad de incorporar directamente en planilla a los trabajadores encontrados fuera de ella y declarar como estables a aquellos con contratos temporales desnaturalizados) y duplicar el presupuesto (para duplicar el personal que integra el proceso inspectivo) a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), con el fin que pueda ampliar su cobertura y mejorar su efectividad.

Nueva ley MYPE

Es necesario sustituir los actuales regímenes laborales especiales de la micro y pequeña empresa por un solo régimen promocional de acogimiento temporal, acotado a empresas que realmente lo necesiten, que no afecte derechos laborales fundamentales y esté sujeto a evaluación constante.

Ley general de trabajo

Urge una reforma laboral integral que promueva el empleo formal, estable, productivo y bien remunerado.

Implica limitar la contratación temporal (sus modalidades y plazos) y tercerización laboral con destaque de personal (con topes a su uso). Además, vincular el despido a causas objetivas con un procedimiento adecuado; fomentar la sindicalización y negociación colectiva (sobre todo a nivel supraempresarial); precisar la regulación aplicable a los trabajadores de aplicaciones; entre otros.

Nueva ley del sistema de pensiones

Se requiere una reforma integral de la seguridad social que implemente un sistema previsional con componentes complementarios: pensiones no contributivas (para población vulnerable) y pensiones generadas a través del reparto y la capitalización colectiva con aporte y gestión tripartitos (de trabajadores dependientes e independientes, empleadores y Estado), complementadas por la capitalización individual (con mayor competencia y comisiones en función de la rentabilidad generada, principalmente).

Ello contribuirá al acceso a pensiones dignas para todos los trabajadores al llegar a la edad de jubilación.

Modificación de la ley de EsSalud

Reestructuración del Seguro Social de Salud (EsSalud). Conlleva implementar una dirección más transparente y democrática (implica, entre otros, que la presidencia ejecutiva rote entre los sectores que integran el Consejo Directivo de EsSalud); nivelar a 9% la tasa de aporte en todos los sectores económicos; uniformizar la base contributiva; y facilitar el cobro de los aportes adeudados.

Ley de seguro de desempleo

Se trata de implementar un seguro de desempleo para los trabajadores asalariados formales, en el marco del cumplimiento de la normativa internacional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificada por el Estado peruano.

Modificaciones a la ley del servicio civil

Relanzamiento de la reforma del servicio civil, destinando el presupuesto necesario para su implementación; acelerando el tránsito al nuevo régimen del servicio civil (sobre todo de los CAS) vía cursos de suficiencia en la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP); estableciendo un plazo para la emisión del informe económico-financiero del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la negociación colectiva estatal; creando un Consejo Nacional del Empleo Público donde se discutan las principales políticas del servicio civil entre representantes de los trabajadores y los empleadores; incluyendo la fiscalización del cumplimiento de la normativa laboral en el Estado entre las competencias de la SUNAFIL (para todos los regímenes laborales); etc.

Permitirá establecer una carrera meritocrática en el Estado, mejorar las condiciones laborales del empleo público y brindar políticas y servicios públicos de calidad.