Una señal más: ahora van contra la CVR

El revisionismo histórico siempre llega en el mismo momento, cuando el poder político tiene interés en desactivar la memoria para protegerse de la justicia. No es un fenómeno nuevo ni exclusivo del Perú. En Venezuela, el chavismo lleva décadas tratando de reescribir el pasado para legitimar los abusos del presente, y en El Salvador de los años ochenta los gobiernos militares negaban las masacres mientras estas ocurrían. El patrón es siempre el mismo, primero se ataca la versión oficial de los hechos y luego se construye una narrativa que justifica la impunidad.

Sin embargo, lo que resulta particularmente curioso es la puntualidad con el cual ese patrón aparece en Perú estos días.

Desde que se supo que Keiko Fujimori sería la próxima presidenta, los argumentos que buscan desacreditar a la CVR han ganado espacio en el debate público. Y ante ello es un deber ético afirmar que la coincidencia no es casual.

La CVR entregó su informe en agosto de 2003 tras dos años de trabajo y más de 16,000 testimonios. Como parte de su tarea de Estado identificó 4,664 fosas clandestinas de las cuales solo se conocían 50 antes del informe, y estimó 69,280 víctimas fatales, la cifra más alta de muertes violentas en la historia republicana del Perú.

Las victimas eran 79% de zonas rurales y el 75% tenía el quechua u otras lenguas nativas como idioma materno.

La propia CVR señaló a Sendero como responsable del 54% de esas muertes y reconoció también el esfuerzo de las Fuerzas Armadas en determinados momentos, una realidad que este diario también suscribe.

Por eso mismo, quienes afirman que la comisión ignoró la responsabilidad de Sendero sencillamente no leyeron el informe.

El debate académico sobre las metodologías de la CVR por supuesto es legítimo. Lo que resulta inaceptable es confundirlo con una campaña para desactivar la justicia pendiente. A la fecha, más de 19,000 peruanos siguen desaparecidos y sus familias llevan décadas buscando sus restos. Ante ello, el Congreso saliente intentó archivar cientos de casos con la Ley 32107 y la JNJ copada por el poder que ocupa palacio desde 2022 procesó disciplinariamente a las magistradas que se negaron a aplicarla.

Además, la nueva ley -inconstitucional- de lesa humanidad añade requisitos que el Estatuto de Roma no contempla y cada una de esas piezas encaja con la misma lógica que los argumentos que circulan ahora contra la CVR.

Las acciones forman parte de un todo que no es casualidad sino, a leguas, es una estrategia.