El destino final de la incertidumbre, por César Azabache Caracciolo

La incertidumbre sobre la forma que tendrá la presidencia que viene trasciende al estrés acumulado en estos últimos días. Trasciende además al resultado de las elecciones.

No tengo dudas sobre la forma que ha tenido la mayoría en el Congreso que se va, dispuesta como ha estado a sostener hasta el último momento esa rapacidad antiinstitucional que la ha definido. A cierta distancia, la composición del Congreso que viene ha movido sus propios márgenes en el tramo final de la campaña presidencial: Obras se aproximó a JP; Jorge Nieto, líder de BG, mantuvo la distancia que había anunciado con las dos candidaturas, aunque la izquierda ha asignado a esa distancia el valor de una traición. Puede llegar a formarse un Congreso a tres bandas. Pero esa es todavía solo una posibilidad.

La presencia central del fujimorismo en la escena hace mucho dejó de constituir una novedad. Tras 15 años de competencia electoral continua, esa permanencia es la señal que muestra la consolidación de una organización que, nos guste o no, está fuertemente instalada en el tejido social local, con una identidad propia y diferenciada. Se trata de un colectivo que nunca tuvo apego por el marco institucional nacido de la transición del 2000. La transición, de hecho, lo excluyó deliberadamente de sus acuerdos fundacionales. La firma de Alberto Fujimori, retirada del texto constitucional en noviembre de 2001 y repuesta en marzo de 2025, equivale en los hechos a una bandera repuesta por el fujimorismo en un territorio que pretendió serle hostil. La distancia entre el fujimorismo y el institucionalismo que presidió los acuerdos políticos del año 2000 explica su propensión a la demolición. Pero explica también la proximidad que acuñó con las franquicias, entidades tan propensas como el propio fujimorismo a desmontar instituciones.

Las franquicias adoptaron una forma política muy particular, fuertemente basada en intereses privados, que se incubó en la acción política local y regional hasta que tomaron el control del parlamento durante el Congreso corto de la pandemia. Las franquicias son antiinstitucionales. Los acuerdos políticos del 2000 les son ajenos. Pero además los controles institucionales limitan la capacidad de crecimiento de las economías informales que las nutren.

En estos últimos cinco años, las franquicias dieron al fujimorismo liderazgo sobre el Congreso, en un pacto virtual visiblemente alineado hacia el desmontaje de instituciones que ninguno de ellos estaba interesado en preservar.

Un par entre ellas, APP y Podemos, pertenecen a familias que acumularon fortunas con la flexibilización del régimen de universidades privadas que heredamos de los años noventa. La respuesta: el desmontaje de la Sunedu, la superintendencia que encabezó la reforma de la educación superior desde mediados de la década del 2010. Algún sector transversal a ellas se interesó más por los beneficios personales del puesto. Ahí está la explosión de los llamados 'mocha-sueldos' y el tráfico de influencias al que se refería el caso de 'los niños', un escándalo vinculado al régimen de Castillo que ha inspirado al menos dos de las llamadas 'leyes procrimen', para quedar encarpetado en un anaquel que ahora aspira al olvido.

Las franquicias ya no están. Esa sí que ha sido una sorpresa. Su ausencia es una de las variables que hace posible que el parlamento adquiera un equilibrio a tres bandas. Pero si queremos que las franquicias no vuelvan, tendremos que prestar mucha atención a las elecciones municipales y regionales de este año. Esa es su zona de origen. Y es ahora la plaza de refugio en que se hospedan.

El Congreso que se instalará en julio puede organizarse a tres bandas, aunque la del centro sea significativamente más pequeña. Fuera de las paredes de las cámaras, la sociedad también está dividida en tres, no en el falso par representado por la segunda vuelta. Sin embargo, en la economía ocurre algo distinto. Jamás deberíamos olvidar que la política tiende a adquirir la forma de la economía que la sostiene. Y ahora mismo, el motor que más combustible parece estar quemando se define en coordenadas distintas a las ideológicas; coordenadas instaladas alrededor de una de las ausencias más importantes de los discursos de campaña: las economías articuladas alrededor de los REINFO, algunas de ellas no diferenciadas de organizaciones criminales, y las economías que se están articulando alrededor de la exportación de metales no diferenciados por su origen.

Ninguno de estos sectores estaba en la escena de 2021. Hoy sí están, y han salido de este proceso con capacidad suficiente para articular buena parte del sistema de representación política.

En voz alta sus representantes, prácticamente invisibles, aún dicen poco. Pero han votado. Y pueden definir una agenda que pase por establecer el destino final de los ahora falsamente transitorios derechos de extracción no regulada de minerales y las reglas de exportación de concentrados metálicos y venta de oro al Estado, para empezar.

El discurso político en estas últimas semanas volvió a impregnarse de antifujimorismo y anticomunismo. Pero las principales disputas en el manejo de la economía y la política práctica están organizadas en coordenadas distintas.

Al cerrar esta entrega, la forma final del próximo gobierno aún se mueve en la bruma de la incertidumbre. Pero los factores que pueden determinar la forma del periodo que se avecina comienzan a ser visibles. El sistema político puede adoptar una forma estable. O puede entramparse nuevamente si no elige construir alguna forma de equilibrio que incorpore a esas economías que ya no son informales ni emergentes, sino actores influyentes que han madurado en la ilegalidad.

Jugamos en el teatro de las permanentes oportunidades perdidas.

Nos toca decidir si las perderemos nuevamente.