Modérate, prométeme y sedúceme, por Juan De la Puente

Dos silencios llenan la campaña electoral. Son los elementos más sensibles de la crisis peruana: el régimen económico y el equilibrio de poderes. Se pasa de puntillas sobre ellos como si no constituyeran nudos actuales. Las encuestas y los análisis se dedican más a quienes compiten y a la confianza que proyectan: un quién sin qué y sin cómo.

Sobre la economía, salvo la mención de Francke al salario mínimo, a la pobreza por A. Durand y la referencia de Sánchez a la estabilidad del BCR, Juntos por el Perú (JPP) evita precisar que el régimen económico está agotado y que sus últimas señas de identidad son perforadas desde dentro, a tenor de los comunicados del Consejo Fiscal. Fuerza Popular (FP), por su parte, prefiere que la defensa del régimen económico moribundo corra por cuenta del liderazgo empresarial, en tanto su relato genérico alude a la estabilidad, a 'no perder lo avanzado' o 'defender lo logrado'.

El silencio sobre lo institucional es más 'ruidoso'. FP asume la representación de la democracia sin mencionar, precisamente, que el Perú no es una democracia a causa de la captura del Estado, el debilitamiento de la Presidencia de la República y la formación de un régimen parlamentario de facto. A JPP no parece importarle mucho este dato central de la realidad.

En la base de estos silencios se encuentra el imperativo de la moderación, artefacto recurrente en las segundas vueltas desde 2001. Se presume que los candidatos extremistas necesitan desplazarse al centro para ganar votos y que, para lograrlo, realizan promesas que reducen su supuesto radicalismo y los hacen más potables. Así, los candidatos se ponen a tiro de demandas que responden con pruebas de amor.

Las pruebas de ponderación esperadas, no obstante, son ganadas por el relato conservador. Se le pide a Keiko Fujimori (KF) que prometa no quedarse más de un periodo en el poder y que se disculpe por los errores cometidos en el gobierno de PPK. No se le pide que se disculpe como líder del grupo que respaldó la represión cruenta de las protestas sociales que pedían el adelanto electoral entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, o por haber sostenido al gobierno caótico de Boluarte y a los otros; o que prometa 'descapturar' el Estado; o no retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A excepción de J. Nieto, no se le pide derogar las leyes procrimen y antiderechos o comprometerse a no gestionar facilidades tributarias para los grandes sectores económicos, a pesar de sus altos rendimientos.

La exigencia de moderación a Roberto Sánchez (RS) es voluminosa. Se le pide que renuncie a su oferta de asamblea constituyente, solicitud razonable en este contexto, y a su propósito de indultar a Castillo. En lo nuclear, no obstante, se le demanda que renuncie a toda pretensión de cambio y que acepte dejar intacto el orden de cosas económico y político. Este pedido le fue hecho a Humala en 2011 y a Castillo en 2021, con los resultados conocidos. En resumen, a KF se le exige maquillarse y a RS que se travista. A una le piden que siga siendo aliada y al otro que se deje cooptar.

¿Vale la pena insistir en cambios económicos e institucionales? Depende. Si consideramos que estas elecciones son apenas la designación de un gobierno, no es necesario insistir en transformación alguna de calado. En cambio, si asumimos que el 7 de junio se juega la vida del régimen que gobierna desde 2023 y que están en cuestión la democracia, los derechos y las libertades, merece discutirse la tesitura de las transformaciones.

El 12 de abril se condensaron los fenómenos producidos desde el golpe fallido, los asesinatos en las protestas y el gobierno del régimen híbrido. Antes que un mapa electoral, tenemos un nuevo mapa político. En este, Lima está aislada, los territorios adquieren un peso inédito, así como varias ciudades como polos de poder; un mapa en el que se combinan y compiten votos de 'corto plazo' y los que vienen 'de lejos' o responden a la memoria. Aunque a algunos les parezca un pecado, el voto en 2026 se ha mostrado de modo plural: voto identitario, voto anti, voto estratégico y voto antielectoral.

El nuevo mapa y el régimen híbrido se repelen. A pesar de que el segundo no puede representar al primero, es natural que la derecha pretenda la supervivencia de su gobierno 2023-2026. Debería ser entendible también que la otra candidatura pugne legítimamente por conseguir una mayoría que supere el régimen que gobierna desde 2023 y que nos ha traído inestabilidad, injusticia y corrupción.

En lo económico y político no partimos de cero. El colapso del régimen económico trae un festival mercantilista que forma parte de la crisis, con efectos en la vida de la gente (aló, Beca 18, pobreza). En tanto, no puede hablarse de democracia en el Perú sin recuperar el equilibrio de poderes, los derechos y el papel decisivo de la Presidencia de la República.

El relato de la moderación, la promesa y la seducción no es neutral. Ignora el nuevo mapa político. La idea de que moderarse es renunciar a derechos y a un pacto distributivo que fomente el papel promotor del Estado para resolver las injusticias económicas y sociales es intensamente expuesta por quienes, al mismo tiempo, están en campaña contra RS y a favor de KF. Entonces, no hay secreto: es un pedido de moderación y, al mismo tiempo, un veto al cambio, una operación conocida en los últimos años en la que es fácil distinguir la defensa de intereses específicos en reemplazo de la necesidad de alcanzar la unidad nacional para transformar el país.

El nuevo mapa político demanda otro tipo de gobierno. Si en la primera vuelta el eje electoral fue el triunfo o la derrota del pacto parlamentario (solo dos partidos del pacto pasaron la valla electoral; el pacto obtuvo el 29 % de los votos emitidos y el antipacto el 48 %, incluido un nuevo centro político que no ignora el deterioro institucional), en la segunda vuelta la apuesta se potencia. Está en juego la reelección del régimen que nos ha gobernado los últimos cuatro años, aunque los relatos en campaña no denoten los códigos de ese dilema.

Para una parte del país, el riesgo es volver al periodo previo al golpe de Castillo. Para otra parte, el riesgo es quedarse en el periodo posterior a la represión o volver a los noventa. Para los votantes de KF se trata de no volver a Castillo y para los votantes de RS se trata de salir del gobierno del pacto. Un riesgo más grande, por encima de los señalados, es que el nuevo gobierno, de derecha o de izquierda, ignore el nuevo mapa político.

Hay espacio para el voto arbitral. Si ambas candidaturas son lo mismo —aunque es distinto ser lo mismo que representar lo mismo—, entre la alternativa de morir quemados o morir ahogados, se prefiere el voto blanco o viciado. Es la opción que asume la polarización, pero no el dilema y quizás tampoco el nuevo mapa político. Es el voto que está en la cancha, pero que no juega; el voto que disciplina la contienda e introduce valores éticos atendibles. Es un voto legal y legítimamente personal que, sin embargo, deja pendiente una interrogante: ¿el voto blanco o viciado contribuirá a desarmar el régimen híbrido y a que el mapa político plural, diverso y multicultural se transforme en gobierno?

Votar desde la incertidumbre es desafiante. El voto recibe una intensa presión que intenta cambiar su naturaleza. Es coaccionado por dos ideas: 'votar bien', Vargas Llosa dixit, y arrastrar tu voto como una condena —'asume tu voto'—, como si votar fuese igual a gobernar. Desde 2021, la presión pretende que votar sea, estrictamente, un acto legal y personal y se prive de un elemento esencial junto a la voluntad individual: su sentido de formación de la representación colectiva. El voto consolida la ciudadanía como formación de mayorías y minorías, de modo que es más que una expresión individual. Luego de la privatización de los partidos, de las leyes y del poder, se tiene el intento de privatizar el voto.