
Dijo Karl Marx (¡ay, el cuco!) que la historia se repite primero como tragedia y luego como comedia. No lo dijo así exactamente —estaba parafraseando a Hegel—, pero ustedes entienden. En el Perú, la historia se repite como tragicomedia. Por eso, en cada proceso electoral, no sabemos si reír o llorar. Es esa condena peruana que Mario Vargas Llosa definió muy bien como siempre tener que elegir entre votar por el cáncer o el sida.
Ese es nuestro dilema existencial, por lo menos desde que Keiko Fujimori salió, hace 15 años, a tratar de convencernos de que ella es el mal menor de la política chola (salvo en el 2016, cuando no había duda posible). Pero, en cada ocasión, el cáncer y el sida traen comorbilidades capaces de comprometer, si no de aniquilar, el débil sistema inmunológico de este organismo llamado Perú.
Si Ollanta Humala o Pedro Castillo representaban al sida —el fujimorismo es, sin duda, nuestro cáncer metastásico desde hace décadas—, Roberto Sánchez es una versión empeorada y aumentada de sus predecesores, algo que ya se veía en su gesto de adoptar el sombrero como símbolo de su partido, cuando jamás ha vivido en el campo. Se trataba de oportunismo puro y duro, con el fin de aprovechar la popularidad de Castillo en el Perú rural después de haberlo abandonado —Sánchez, no el Perú— en su peor momento.
Pero ¿es Castillo solo un activo para Sánchez? Pues no. Todos recordamos que, más allá del controvertido autogolpe que terminó con su vacancia, estaba envuelto en corruptelas desde el inicio mismo de su gestión y eso es algo que su pupilo también tendrá que asumir, del mismo modo que lo hace Keiko Fujimori con su propio activo político: su padre.
El parecido no termina allí. Mientras Sánchez tiene a un radical Antauro que se complace enumerando a los políticos a los que fusilaría si llegara al poder (incluyendo a su hermano), Keiko Fujimori tiene a Fernando Rospigliosi, defensor impenitente de militares violadores de derechos humanos. También comparten un desprecio absoluto por la Constitución de 1993. Keiko, a través del Congreso que ha manejado todos estos años, cambió de un sopapo tres cuartas partes de ella. Él, por su parte, insiste en el cambio constitucional vía referéndum.
Sin embargo, por mucho cuestionamiento que se pueda hacer a Sánchez, nada es comparable con el amplísimo currículum de su rival, responsable de los desmanes de su bancada congresal que aprobó todas las leyes procrimen, eliminó las PASO, impuso una bicameralidad trucha, tomó la Sunedu, blindó a Dina Boluarte y José Jerí, y asaltó el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, los organismos electorales y la Defensoría del Pueblo. Eso, sin contar su peor hazaña: haber destrozado la estabilidad política por el berrinche rencoroso del 2016.
Pero el dilema sigue y, para muchos, el voto en blanco aparece como la opción menos contaminante. También hay quienes quieren que Roberto Sánchez firme una hoja de ruta al estilo Ollanta Humala —que se “deshumalizó” en el 2011 y desató los odios de su hermano Antauro—, prometiendo no “venezuelizar” la economía nacional, aunque, valgan verdades, el cuco Venezuela pesa cada vez menos, sobre todo desde que Donald Trump se ha declarado presidente de ese país.
De otro lado, hay quienes, más desconfiados, piensan que la hoja de ruta debe más bien ser un compromiso de no aliarse con el pacto mafioso si las cosas se le ponen feas. Total, ya se conocen muy bien y han cogobernado en el Congreso, tanto que Sánchez puso su firma en más de una de las leyes procrimen.
Entonces, ¿por qué sí votar por él? Particularmente, solo hay un argumento plausible y no es la monserga manipuladora que están soltando sus allegados de que a él sí será fácil vacarlo. No lo será tanto, pues la ultraderecha tiene una mayoría ajustada en el Senado y, al frente, están los otros partidos de izquierda y la centroderecha de Jorge Nieto, que difícilmente se prestará a sus trapacerías.
El verdadero argumento a favor del voto a Sánchez es que ya Keiko Fujimori, en este mismo momento, tiene todo el poder: un Tribunal Constitucional hecho a su medida, una Junta Nacional de Justicia a su servicio, un defensor del pueblo acomedido, mayoría en el Senado (porque Renovación seguirá gobernando con ella, no lo duden), mandos militares agradecidos por leyes de amnistía, dobles sueldos y otros “favorcillos” y, por si fuera poco, un empresariado mercantilista y voraz al que el libre mercado y la democracia le interesan un reverendo pepino.
Entonces, darle la presidencia sería entregarle el poder absoluto y definitivo del que, vistos sus antecedentes, ya nadie podrá sacarla. No es gratuito que haya dicho que, si gana, gobernará como su padre, el mismo caballero que dio un autogolpe y que, si no fuera por muchos factores aleatorios, planeaba quedarse 20 años en el mando.
Hoy es más imprescindible que nunca ponerle un contrapeso, un freno, un check and balance, como dicen los gringos. Keiko Fujimori ya ha dado muestras de su aversión por la separación de poderes. ¡Los quiere todos! Y, si juzgamos solo por lo ocurrido en estos últimos años, el abuso de ese poder es su hobby favorito. Si no la paramos en esta, ¡ay, mamita!, Godzilla a su lado será una hermanita de la caridad.





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