El riesgo del retorno hacia la nada, por César Azabache Caracciolo

El dato más importante de las elecciones de abril ha sido la derrota del modelo de franquicias políticas. Ya no están en el escenario APP, Podemos, Somos Perú, Avanza ni Perú Libre. Este no es un dato circunstancial. Pone en evidencia la decadencia de un modo de organizar la política que se instaló como predominante con las elecciones para el Parlamento corto de 2020 y que llegó a gobernar, a partir de diciembre de 2022, detrás de Dina Boluarte.

Con la quiebra electoral de las franquicias, se ha agotado un mecanismo de intermediación política basado en el alquiler de siglas, el reforzamiento de clientelas territoriales y la supervivencia formal sostenida por los recursos que origina el simple hecho de estar en el Parlamento. Salvo por Obras, una marca que estaba extinta antes de la sorprendente aparición de Ricardo Belmont en la escena, el Congreso que viene ya no tendrá franquicias. Aunque sea en una forma embrionaria, por ende aún precaria, y aunque no todos sus protagonistas sean de nuestro agrado, en julio del 2026 puede comenzar el retorno hacia una política alineada sobre tres ejes principales: derecha, izquierda y centro.

Sería un absoluto desperdicio malgastar las potencialidades de este momento y volver a dar vida a las franquicias en las elecciones regionales y municipales que vienen en el segundo semestre de este año. También sería un desperdicio fraccionar los tres principales bloques en formación para generar nuevos retazos. No tenemos por qué hacerlo. La desaparición de esa forma de vender la política debería ser definitiva. El proceso que estamos comenzando se muestra ya suficientemente complejo como para que lo enredemos más arrastrándolo hacia atrás.

Tener tres bloques al frente es mucho mejor que tener 36.

Hay, sin embargo, problemas urgentes por resolver. El primero pasa por la llegada al Congreso de una mayoría de representantes sin experiencia en gestión pública y sin lazos arraigados con sus propias organizaciones. El riesgo de reproducir patrones de corrupción ya asentados en el Parlamento, como la venta de puestos o votos, existe. Todas las perversiones tienden a reproducirse. Estas no van a ser la excepción. Poner sobre la mesa la reapertura de los casos de los llamados “mocha sueldos”, indebidamente protegidos por el Parlamento que se va, puede ser una manera de poner punto final a estas prácticas. Una representación que necesita madurar políticamente debe comenzar por instalar en su entorno patrones de transparencia y autocontrol muy rígidos. Redefinir las reglas de conformación de los equipos de asesores y asistentes de los nuevos congresistas, al dotar de eficiencia a la administración de servicios en el Congreso, puede ser decisivo en la forma de abrir la historia parlamentaria del siguiente período.

Pero también hay problemas fuera del Congreso. Ahí están los enclaves que nos deja el período 2021-2026.

Los enclaves fueron instalados como mecanismos de demolición de buena parte de los acuerdos institucionales que dieron forma al período 2000-2016. El control del equilibrio fiscal fue derrotado por una sentencia del Tribunal Constitucional que liberalizó la iniciativa de gasto del Congreso. La conservación del equilibrio en las relaciones Parlamento-Gobierno fue erosionada por las sentencias del propio Tribunal que liberalizaron los procedimientos de destitución de presidentes y por la pasividad con que hemos visto desfigurarse los procedimientos sobre inhabilitaciones parlamentarias. La preservación de altas magistraturas independientes fue derrotada por la unilateralización de los procesos de elección desarrollados desde el Congreso. También ha sido clausurada, por una decisión del propio Tribunal Constitucional, la posibilidad de construir procedimientos judiciales destinados a resolver la herencia de la violencia contra los derechos humanos de los años ochenta.

Terminado el ciclo 2021-2026, el esquema institucional establecido por la transición postfujimorista ha sido desmontado. Necesitamos otro. Pero para construirlo es imprescindible volver a equilibrar los pesos y contrapesos del sistema institucional.

Junto a la mayoría del Tribunal Constitucional, son enclaves la mayoría de la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de la Nación. Los problemas que representan no son, sin embargo, idénticos. El Tribunal, sobrecargado por casi una sola forma de pensar el derecho, reúne, sin embargo, personalidades con hojas de vida consistentes. La Fiscalía de la Nación, originada en una controversia provocada por la Junta y el Congreso, dispone todavía de mecanismos institucionales que deberían estabilizar su posición institucional por medios propios, sin intervenciones externas.

La cuestión más urgente en lo que a enclaves se refiere consiste en detener a la Junta Nacional, que parece empeñada en desplegar todo su potencial de control vertical sobre las magistraturas cuando el reloj del desmontaje ya ha cerrado su ciclo. La ofensiva desplegada después del caso Espinoza con el caso Ordóñez es, incluso políticamente, muy torpe. En los últimos estertores del régimen de franquicias, la mayoría en la Junta parece querer mostrar a la comunidad política en formación que aún es útil para continuar con una depuración que ya no debería ser necesaria para nadie. Al hacer esto, la Junta se está exponiendo a sí misma en un momento en que deberían comenzar a producirse señales mínimas de recomposición institucional y de equilibrio.

Si avanzamos hacia un nuevo acuerdo institucional, las señales más importantes no deberían orientarse a insistir en un desmontaje que ya resulta innecesario, sino a cerrar definitivamente el ciclo y establecer un sistema político mínimamente sostenible.

El riesgo de persistir en el eterno retorno hacia la nada existe. Está instalado entre nosotros.