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Opinión

¿Casting para el desastre? o por qué aún no sabemos «contratar» gobiernos, por Nancy Arellano Suárez

A puertas de las elecciones en Perú, surge la reflexión sobre la responsabilidad de los ciudadanos al elegir a los administradores de un Estado que no entendemos del todo.

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Elecciones 2026: JNE revela desde qué edad ya no es obligatorio votar en Perú. | Difusión

«Los cargadores gobiernan, el vil está sobre el bueno,
y temo yo que la ola no vaya a tragar la nave.
Estas palabras, de enigma veladas, digo a los buenos,
mas también, cuando es prudente, el hombre vil las entiende.»
— Atribuido a Teognis de Mégara (siglo VI a.C.)

 

En el Perú estamos a puertas de la fiesta electoral —y digo «estamos» a sabiendas: escribo estas líneas como residente permanente sin derecho a voto en las elecciones generales, pero con más de la mitad de mi vida adulta conviviendo, como es natural, con las consecuencias de estas decisiones—. No hay claros ganadores aún porque estamos en un escenario ultra atomizado, por no decir nano-fragmentado. En Hispanoamérica, ese archipiélago de repúblicas que comparten idioma pero no identidad sólida, vivimos en permanente campaña. Sin embargo, hay una pregunta que rara vez nos planteamos antes de votar: ¿Cómo vamos a contratar a los administradores de turno si ni siquiera comprendemos qué es la empresa que les estamos entregando?

Esa empresa es el Estado. Y el gran drama hispanoamericano es que hemos confundido el título de propiedad con el contrato de gerencia. Creemos que el ganador de una elección se convierte en el dueño del país, cuando técnicamente no es más que un gestor temporal de un fideicomiso público.

El Estado tiene cinco dimensiones que todo votante debería exigir que su candidato comprenda: una identidad (¿quiénes somos como comunidad?), un territorio con soberanía real —no solo líneas en un mapa—, un propósito de Bien Común que no sea solo promesa de campaña, un marco jurídico que el gobernante respete y haga respetar, y un equipo técnico capaz de gestionar la complejidad real del país. Sin estas cinco bases, no importa cuánto carisma tenga el candidato: está postulando para dirigir una empresa que no entiende.

El resultado lo conocemos. Como señala la Principal-Agent Theory en ciencia política, el ciudadano es el Principal —el dueño— y el gobierno es el Agente —el administrador—. Pero el 80% del ruido político —disputas, escándalos, supervivencia— consume la energía que debería ir al 20% que realmente mueve el sistema: la calidad técnica, la mística de servicio y la ética del gobernante. Seguimos buscando mesías para que nos salven, cuando lo que necesitamos son gerentes que nos reflejen y que funcionen.

Nos refugiamos en el minimalismo cívico: «solo quiero trabajar en paz y que haya seguridad». Pero pedir solo eso es pedir un guardia de seguridad, no un Estado. La inequidad del Perú no es solo un problema de voluntad política, sino estructural y logístico: es la brecha entre la costa y la sierra, entre el sistema formal y la economía informal, entre el ciudadano con título de propiedad y el que lleva décadas sin uno. Eso no se resuelve con buenas intenciones; se resuelve con política pública de precisión.

¿Y cómo se contrata mejor? Con tres preguntas antes de votar:

¿Ha dirigido una institución con resultados verificables? No basta el currículum oficial. Busque evidencia contrastada, incluyendo las voces críticas. La trayectoria real siempre deja huella —en ambas direcciones.

¿Tiene un equipo técnico —no solo asesores políticos— para las áreas críticas del Estado? Examine a quiénes presenta, a quiénes omite y qué ausencias revela. En el Perú, esto incluye revisar a los vicepresidentes: en un sistema tan frágil, la cadena de sucesión es parte del contrato.

¿Su propuesta parte de un diagnóstico real o de un catálogo de promesas? Verifique si tenía algún compromiso con lo público antes de postular, o si llegó a la política desde la acomodación con lo que hoy dice combatir. La coherencia biográfica es el primer indicador de integridad.

No son preguntas sofisticadas. Son las que haría cualquier directorio responsable antes de contratar a un gerente. Y son, sobre todo, las que cualquier ciudadano debería hacerse antes de delegar la administración de su comunidad, su seguridad y las oportunidades que sus hijos heredarán —o no— en veinte años.  Ya va siendo hora de dejar de votar por «el que menos nos asusta» y empezar a contratar «al que mejor entienda el Estado» y, si no existe, atreverse a formarlo.

 

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