La defensoría del pacto corrupto sigue saldando sus deudas

La Defensoría del Pueblo se creó para proteger a los ciudadanos frente a los abusos del poder y garantizar la defensa de los derechos humanos en el Perú. Hoy ese mandato aparece vulnerado por los operadores del pacto político que domina el Congreso y que ha extendido su influencia sobre instituciones constitucionalmente autónomas.

La reciente presentación de un amicus curiae por parte de la Defensoría del Pueblo en favor de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y prófugo de la justicia, ilustra con claridad esta distorsión. La intervención se produjo en un momento clave del proceso judicial en el cual otra institución cooptada por esta coalición antidemocrática como el TC elabora un proceso exprés para el sentenciado.

A pesar de esa acción, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ratificó la orden de prisión preventiva y reiteró la búsqueda y captura nacional e internacional contra Cerrón. El Poder Judicial sostuvo su decisión conforme a ley y marcó una distancia frente a una actuación institucional que diversos sectores interpretan como alineada con los intereses del pacto político.

Durante los últimos años, el país ha presenciado decisiones legislativas cuestionadas por debilitar la lucha contra el crimen organizado, alterar el sistema de justicia y reducir estándares de protección de derechos humanos. En paralelo, el Congreso y el Tribunal Constitucional han protagonizado tensiones con las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese contexto, la actuación de la Defensoría ha demostrado que la percepción de juego en pared con el poder del pacto de la impunidad es real.

No obstante, es importante recordar que el país se acerca ahora a una decisión clave. El 12 de abril, la ciudadanía elegirá a quienes ocuparán escaños en el nuevo Senado. Si la mayoría política que hoy domina el Congreso consolida su presencia en esa cámara, el actual modelo de control institucional adquirirá mayor estabilidad y se proyectará en el tiempo. A Josué Gutierrez lo escogió este Parlamento con 88 votos a favor que provinieron de Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, y parlamentarios que hoy intentan la reelección por Renovación Popular como Patricia Chirinos y el almirante Montoya.

Por esto también estas elecciones representan una decisión directa sobre el rumbo del país. El voto ciudadano definirá el futuro de las instituciones y el sentido real de organismos creados para defender derechos y proteger a la población frente al poder.