Una sentencia antijurídica más del TC

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declara constitucional la Ley 31751 configura un acto más de alineamiento con el pacto parlamentario que domina el Congreso. La decisión valida, con la mayoría impuesta por el poder que hoy gobierna autoritariamente, la reducción a un año del plazo de suspensión de la prescripción penal y redefine el alcance del poder punitivo del Estado en casos de corrupción y criminalidad organizada.

Vale recordar que la ley fue aprobada con votos de Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular, Avanza País y Perú Libre. Ese bloque concentra control de comisiones, agenda legislativa y elección de magistrados del propio Tribunal.

La fundamentación del Tribunal invoca vacío normativo y derecho al plazo razonable. No obstante, no reconoce que la institución de la prescripción contaba con regulación jurisprudencial de la Corte Suprema a través de un acuerdo plenario. Los beneficiados inmediatos son aquellos investigados por presuntamente cometer delitos de estructura compleja como el crimen organizado.

Además, el Tribunal incluye una advertencia a jueces sobre aplicación obligatoria bajo responsabilidad.

El contexto político otorga sentido a la decisión. El Congreso enfrenta proceso electoral próximo y riesgo de pérdida de escaños. Actualmente, integrantes de bancadas mantienen investigaciones por corrupción, colusión y otros delitos contra la administración pública. Por lo que la disminución de plazos incide de manera directa en esos expedientes.

Es por ello que esta nueva sentencia del actual TC constituye jurisprudencia de blindaje que debe ser corregida en el futuro. Ya que es claro que el fondo de esta decisión intenta fijar antijurídicamente un precedente que prioriza configuración legislativa orientada a reducción de tiempo procesal en casos de poder. El efecto práctico se traduce en prescripción acelerada, limitación de acción fiscal y restricción de respuesta penal frente a redes políticas y criminales que hoy, en algunos casos, intentan llegar al poder parlamentario.