Los antiderechos están en campaña

El Estado laico que consagra la Carta Magna peruana establece un marco de convivencia entre creencias y derechos. En su historia, la representación política peruana ha incorporado convicciones religiosas. Paralelamente, a medida que el conocimiento se desarrolla en la civilización humana, la política pública ha venido incorporando estándares constitucionales y compromisos internacionales como garantía de protección de derechos.

En pleno siglo XXI, la tarea del Congreso debe consistir en traducir valores que garanticen la vida digna de los ciudadanos en normas con alcance general. Esa traducción implica debate, evidencia científica y evaluación constante de impacto.

El caso reciente del centro de presunto refugio La Casa del Padre, con vínculos con la congresista Milagros Jáuregui de Renovación Popular, expuso una realidad que demanda respuesta por parte del Estado. El hecho de fondo es que niñas víctimas de violencia sexual llevaron embarazos en un contexto de presión religiosa bajo la tutela de una organización asociada a actores con representación parlamentaria. En ese sentido, la protección de la niñez, la salud pública y el marco de derechos deben entrar en el debate nacional.

En el último quinquenio, el Congreso ha desplegado una estrategia con articulación fluida. Sectores vinculados al movimiento “Con mis hijos no te metas” han impulsado proyectos de ley que han ido en desmedro de políticas públicas de prevención de la violencia sexual y de educación sexual integral.

Asimismo, la presidencia de la Comisión de la Mujer, encabezada hoy por la parlamentaria en cuestión que persigue la reelección en el próximo Senado, junto con la contratación de asesores con pertenencia a redes confesionales y la coordinación con otras bancadas, ha configurado una plataforma de incidencia.

Se trata entonces de un proyecto antiderechos “a toda máquina”. No obstante, la democracia ofrece herramientas para una respuesta proderechos. La formación de mayorías en el próximo Senado, con carácter democrático y sin fanatismos de ninguna índole que pretendan hacerse legislación, es una de ellas.

Para lograrlo, los peruanos deben ubicar claramente estas candidaturas y a las organizaciones que las promueven.

Ante el aumento de denuncias por violencia sexual, la defensa de la niñez exige al Estado políticas impostergables de prevención de la violencia y de atención integral a las víctimas. También requiere acceso a servicios de salud y educación con información científica. Todo ello dependerá del próximo voto y de la campaña que, desde sus propias comunidades, los ciudadanos estén dispuestos a poner sobre la mesa.