El bloqueo a la esperanza del pueblo de Cuba, por Pedro Grández Castro

*Pedro P. Grández Castro, profesor universitario y miembro de la Sociedad Peruana de Constitucionalistas (SPC)

El pasado 29 de enero, el gobierno de Donald Trump hizo público un nuevo decreto mediante el cual, tras declarar un “estado de emergencia nacional” en su relación con la Isla de Cuba, autoriza la imposición de un arancel adicional ad valorem (según el valor) a las importaciones de bienes procedentes de cualquier país extranjero que venda o suministre, directa o indirectamente, petróleo a Cuba.

De acuerdo con agencias internacionales de noticias, Cuba no contaría con reservas de combustible para más de dos semanas. Las mismas fuentes vienen informando, desde hace meses, sobre graves problemas en el abastecimiento de energía eléctrica, derivados de la alta dependencia del país del petróleo y del fueloil. En los últimos años, este ha sido uno de los problemas más sensibles a nivel nacional. Los apagones prolongados privan de servicios esenciales no solo a los hogares, sino también a hospitales y centros de enseñanza.

En ese contexto, un bloqueo orientado a impedir, de manera directa, el acceso de la población a un insumo tan básico como el combustible revela un grado de crueldad solo comparable con las mismas violaciones de derechos que se afirma combatir. Como es sabido, el bloqueo a Cuba se inició en 1960 y, con el paso de los años, se ha ido endureciendo y extendiendo en sus efectos hacia terceros países. Ello motivó que, en 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara su primera resolución exhortando a los Estados Unidos a poner fin a esta medida unilateral.

Desde entonces —con la sola excepción del año 2020, en que la sesión anual se suspendió debido a la pandemia de la COVID‑19—, durante más de treinta períodos consecutivos de sesiones, la Asamblea General ha condenado el bloqueo como una medida unilateral contraria a los principios básicos del derecho internacional y violatoria de “la igualdad soberana de los Estados, la no intervención y no injerencia en sus asuntos internos, así como de la libertad de comercio y navegación internacionales, consagrados en numerosos instrumentos jurídicos internacionales”. No obstante, el gobierno de Washington se ha mantenido renuente a los reiterados llamados de las Naciones Unidas, en una actitud que, lamentablemente, se ha reproducido también respecto de otros países y controversias. La excepción en esta larga historia, en el caso cubano, fue la administración de Barack Obama.

En efecto, si bien desde finales de 2001 Estados Unidos había autorizado la exportación hacia Cuba de productos alimentarios e insumos médicos, fue durante el primer gobierno de Obama (2009‑2013) cuando las relaciones entre ambos países alcanzaron niveles significativos de apertura al diálogo, dando inicio a lo que se conoció como el periodo del “deshielo”. Se levantaron las restricciones a los viajes y a las remesas de los cubanoamericanos y se iniciaron conversaciones sobre asuntos migratorios y de servicio postal, sentándose así las bases para el restablecimiento de relaciones diplomáticas que se concretaría tras la histórica visita de Obama en 2016.

La visita tuvo lugar el 20 de marzo de ese año y el discurso que pronunció al día siguiente, en el Gran Teatro de La Habana, con la presencia de Raúl Castro, permite apreciar hoy con claridad la distancia política que separa aquel momento del escenario actual en Washington. En aquella ocasión, Obama citó a José Martí e invocó la transparencia y la honestidad como principios rectores de una nueva relación bilateral. En los primeros minutos de su intervención reconoció que “una política de aislamiento diseñada para la Guerra Fría no tenía mucho sentido en el siglo XXI”. Según sus propias palabras, “el embargo solo hacía daño al pueblo cubano en lugar de ayudarlo”.

Ante un auditorio que incluía a su familia y a una amplia delegación oficial, anunció que, en su condición de presidente de los Estados Unidos, exhortaría al Congreso a levantar el bloqueo. Como sentenció entonces: “Es una carga anticuada que lleva a cuestas el pueblo cubano. Es una carga para el pueblo estadounidense que quiere trabajar, hacer negocios o invertir en Cuba. Es hora de que levantemos el embargo”.

Obama fue igualmente claro respecto del método para restablecer las relaciones. “El futuro de Cuba tiene que estar en manos del pueblo cubano”, enfatizó, disipando cualquier sospecha de una nueva forma de intervención externa, tantas veces ensayada desde Washington a lo largo de la historia. Su discurso avanzó con inteligencia y prudencia, sin dejar de subrayar la importancia del camino democrático. A su juicio, “la prosperidad sostenible en el siglo XXI depende de la educación, la salud y la protección del medio ambiente, pero también del intercambio libre y abierto de ideas. Si no se puede acceder a información en Internet, si no se está expuesto a distintos puntos de vista, no se alcanzará el pleno potencial. Y, con el tiempo, la juventud perderá la esperanza”.

La ruta propuesta por Obama partía del reconocimiento del fracaso del bloqueo y reivindicaba los valores de la democracia constitucional a través del diálogo y la diplomacia. ¿Por qué este camino, coherente con los principios del derecho internacional, no fue respaldado de manera más decidida por la comunidad internacional? ¿Por qué aquel discurso no tuvo mayor resonancia, incluso entre los países que aún apoyan al gobierno de la Isla?

No se trata de eximir de responsabilidad al gobierno cubano, que ya no puede ampararse en el bloqueo para justificar las graves violaciones de derechos humanos de las que es directamente responsable. Sin embargo, en un mundo globalizado, todos somos, en alguna medida, corresponsables de lo que ocurre en cualquier punto del hemisferio. El bloqueo a Cuba —como lo expresó Obama en su histórico discurso en La Habana— no solo es una medida anticuada e ineficaz para desestabilizar al régimen que gobierna la Isla, sino que golpea directamente al pueblo. En definitiva, es un bloqueo a la esperanza de los cubanos que la comunidad internacional tiene el deber moral y jurídico de no permtir que se consuma una vez más.