La violencia por prejuicio contra la comunidad trans, por Julissa Mantilla

En el año 2020, la Corte Interamericana condenó al Perú por la violación sexual de Azul Rojas Marín, estableciendo que la violencia contra las personas LGBTI se basa en prejuicios y percepciones generalmente negativos y se produce por el deseo de castigar a quienes desafían las normas preconcebidas de lo que debería ser la orientación sexual o la identidad de género.

La Corte sostuvo que este tipo de “violencia por prejuicio” tiene un fin simbólico, por lo que la víctima es elegida para comunicar un mensaje general de exclusión y subordinación que puede desencadenar en crímenes de odio.

Esa violencia se encuentra en la persecución que sufre la comunidad trans y se manifiesta cuando se niega su existencia diciendo que “solo hay hombres y mujeres” así como cuando se legisla con base en una presunción de criminalidad. Este es el caso de la Ley 32331 que establece que las personas solo pueden usar los baños públicos según su sexo biológico.

En la discusión de esta norma se argumentó que se buscaba proteger a las niñas de la violación sexual, asumiendo que las personas trans son delincuentes sexuales, lo cual es un claro prejuicio que no resiste análisis.

Pensemos en el caso de la francesa Gisele Pelicot, la mujer dopada y violada por su esposo por una década y, además, puesta a merced de 50 hombres que hicieron lo mismo. Todos los violadores eran esposos, padres de familia, profesionales, “hombres de bien”. No había una sola persona trans entre ellos.

Negar la existencia de las personas trans no es una opinión, es deshumanizarlas y, a partir de allí, exponerlas a persecución, violencia y muerte. Según la Primera Encuesta Virtual para Personas LGTBI del INEI, el 56.5% de esta población teme expresar su orientación sexual e identidad de género por miedo a ser discriminados, agredidos, perder la familia o el trabajo.

Si alguien vive con miedo por el solo hecho de existir y ser libre, los agresores y los violentos son otros.