Los refuerzos del gobierno, por César Azabache Caracciolo

Construir una oposición consistente parece imprescindible. Pero también lo es construir equilibrios, nos gusten o no las condiciones generales en que debemos hacerlo. Ahora el fujimorismo es el gobierno y no podemos ponerlo en la lista de los regímenes que simplemente caen. No después de haber tenido ocho gobiernos en diez años. Hacerlo no sería realista ni responsable.

Sin embargo, la política en serio requiere capacidad autocrítica, y reconocer limitaciones es algo que el gobierno no parece estar dispuesto a hacer. Ahí hay un obstáculo serio para avanzar en cualquier dirección.

Demasiadas incertidumbres

A finales de agosto, el gobierno anunció la creación de una Comisión Consultiva, pero los integrantes de esta Comisión no han sido anunciados hasta ahora. Esto intriga. Paniagua y Toledo tuvieron consejeros presidenciales individuales. Kuczynski incorporó formalmente la Comisión al organigrama del Despacho Presidencial. Pedro Castillo utilizó el espacio para designar a dos consejeros, Daniel Salaverry y Modesto Montoya. Dina Boluarte creó otra cosa, una comisión poblada de constitucionalistas de los que aparentemente esperaba respaldo.

Los gobiernos en ejercicio se apoyan en los equipos políticos de sus partidos. La convocatoria a consejeros sugiere gobiernos que necesitan mostrarse capaces de convocar personalidades fuera de su entorno. Sería un error que la Comisión termine poblada de personalidades vinculadas a Fuerza Popular. La Comisión debe producir el efecto contrario, mostrar un gobierno capaz de construir soportes fuera de su propio círculo de referencia.

Los consejeros aún no han sido confirmados.

Mientras tanto, sin que medie un reconocimiento claro de las cosas, el gobierno ha anunciado la creación de la “Secretaría Estratégica Presidencial”. A esta Secretaría le están encargando proponer la Política General de Gobierno y articular las políticas públicas, dos competencias que definían hasta ahora a una PCM que ha quedado rebajada a “coordinar” con ella. El encargo supone un personaje con suficiente capacidad de liderazgo para justificar que se esté debilitando la estructura regular del gobierno. Hasta hace unos días parecía claro que el puesto sería entregado a José Chlimper. Conforme pasan los días, esa claridad empieza a borrarse.

Chlimper ya es un dirigente notable de Fuerza Popular. En la Comisión agregaría poco. En la Secretaría representaría una forma silenciosa de reconocer que el señor Galarreta no está dando la talla que se esperaba en la PCM. De hecho, en apenas sesenta días el gabinete ha dado demasiadas señales de desorden. El pedido de facultades delegadas, por ejemplo, fue presentado antes de que se formalizara la Política General de Gobierno. Y entre ambos documentos hay un punto fuerte de descoordinación: la salud, que ocupa un lugar claro en la Política General, no aparece entre los ejes articuladores de las facultades solicitadas. Y en ambos documentos hay un ausente común, la corrupción, que no parece ser percibida por el gobierno como un problema de Estado.

Pero por encima de las coordinaciones de documentos hay un ministro, el de Justicia, que después de disputar con Cultura el control del Museo de la Memoria sostuvo ante el Congreso que el Código Procesal Penal, una de las leyes más importantes de su sector, fue elaborado por “abogados litigantes” que lo habrían escrito pensando únicamente “en sus clientes”, para agregar después que existen abogados que forman parte de las bandas a las que defienden. La condena de la comunidad legal por estas declaraciones cubrió un espectro que va desde Carlos Rivera hasta Humberto Abanto, pasando por César Nakazaki y Julio Espinoza. El ministro a cargo del componente de justicia del pedido debilitó su propia legitimidad para manejar reformas en el sector. En condiciones estables, este incidente debería costarle a la solicitud un capítulo entero, el suyo.

Imposible no agregar a un ministro de Defensa que viajó a Trujillo para convertir una crisis de seguridad en plataforma de exposición propia o a una ministra de la Mujer capaz de desentenderse de las violaciones de niñas y adolescentes en Condorcanqui.

La repetición de escenas como estas ha abierto el espacio que explica la necesidad de refuerzos urgentes.

Pero la presidenta ha anunciado que está convocando personalidades que no tendrán la condición de funcionarios públicos, sin dejar en claro si se refiere a la Comisión o a la Secretaría. No debería tratarse de la Secretaría porque ella solo puede funcionar en el núcleo del gobierno. Y una entidad como la que se está diseñando no puede mantenerse fuera de la zona sujeta a controles constitucionales. Una Secretaría formada por personal privado podría convertirse en una puerta a todo tipo de conflictos de intereses. La falta de equilibrio institucional que generaría una medida de este tipo, tarde o temprano, provocaría más problemas que los que ahora se estaría intentando resolver.

En septiembre de 2024, Dina Boluarte creó una oficina de monitoreo “intergubernamental” que permaneció sin personal hasta que fue entregada a Juan José Santiváñez. Santiváñez la empleó como plataforma para sostener su propia influencia política entre abril y agosto de 2025. Después esa oficina se eclipsó. La escena es distinta ahora. La señora Fujimori parece necesitar un verdadero centro de gobierno. La Secretaría tiene atribuciones mucho mayores que la oficina creada por Boluarte. Los riesgos, por eso mismo, son mayores.

Los dos anuncios, Comisión y Secretaría, parecen mostrar que el gobierno ha notado el desorden que se está creando a su alrededor. Pero mantener en las brumas la solución parece una pésima idea.

En la política, entendida en serio, incertidumbre, negación y ceguera generan verdaderas fisuras de legitimidad que no nos podemos dar el lujo de arrastrar.