Fujimorismo amenaza la autonomía judicial

Las declaraciones del presidente del Congreso expresan una forma de ejercer el poder que busca colocar al Parlamento por encima del sistema de justicia. El parlamentario de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, publicó en X que si los jueces aplicaban control de convencionalidad para emitir sentencias en casos de lesa humanidad en los que están vinculados algunos malos miembros de las Fuerzas Armadas, “habrá de barrerlos”. Es, claramente, una presión política directa y pública sobre el Poder Judicial.

El caso Cayara ocupa un lugar central en la memoria del país. En 1988, campesinos, incluidos jóvenes y menores de edad, fueron secuestrados, torturados y asesinados por agentes del Estado. Desde entonces, sus familias y comunidades sostienen una demanda constante de verdad y justicia que aún lamentablemente no logran.

Es por ello que es preciso afirmar la autonomía del Poder Judicial en su rol fundamental para la democracia. Los jueces aplican la ley de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales vigentes para mantener niveles de convivencia y paz. Cuando desde el Congreso se menciona a magistrados con nombre propio, se les atribuyen motivaciones políticas y se les exige un resultado específico,  se pretende desaparecer el debate jurídico para imponer la arbitrariedad y con ello la impunidad.

Por otro lado, este tipo de discurso forma parte de una tradición política que, en distintos momentos de la historia reciente, ha buscado subordinar la justicia al poder parlamentario y al Ejecutivo. Bajo el argumento de presunto persecución a militares, se impone una mirada que divide y hace tanto daño en el país.

La separación de poderes sostiene el equilibrio institucional y protege a la ciudadanía. En consecuencia, las bravatas del presidente del parlamento, a nombre del fujimorismo, es inaceptable.

Los jueces probos sabrán velar porque el Estado de Derecho se mantenga sobre los intereses de grupo. Y dependerá de los ciudadanos reconocer qué agrupaciones quieren aplicar la ley a su antojo para mantenerse impunes y seguir legislando contra los peruanos.