En defensa de la soberanía de Venezuela

El principio de soberanía es uno de los cimientos de la modernidad jurídica y del orden internacional que aspira a ser un fundamento de la civilización. Sobre él se construyeron los conceptos básicos que dieron lugar al republicanismo y a los Estados, y la idea de que la paz no puede depender de la fuerza, sino de normas compartidas, es decir, del Estado de Derecho.

En ese sentido, la soberanía es el límite que impide que el poder —interno o externo— se ejerza sin legitimidad.

En Venezuela, ese principio fue demolido desde dentro. Nicolas Maduro usurpó instituciones , las convirtió en aparatos de dominación e, incluso, anuló elecciones. y convirtió al Estado en un aparato de dominación. Su salida no solo era políticamente inevitable, sino jurídicamente defendible. La magnitud de la crisis humanitaria y la ruptura del orden constitucional que generó una diáspora de más del 30% de su población, abrían la posibilidad a una intervención extranjera excepcional, siempre que esta se ajustara a los límites del derecho internacional y, sobre todo, respetara el núcleo de la soberanía: el pueblo venezolano.

Ahí es donde hoy se abre una grieta peligrosa. Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no han puesto en el centro a los venezolanos, sino al ejercicio de un poder externo que se arroga la administración del país y el control de sus recursos estratégicos. Al hacerlo, invisibiliza los deseos de su población y posterga su derecho a decidir libremente su futuro.

Más grave aún es el desconocimiento de los resultados de los últimos comicios, en las que eligieron a Edmundo González, acompañado por la recientemente galardonada con el premio nobel de la Paz, María Corina Machado, figura central de la resistencia democrática y ampliamente respetada y reconocida adentro de Venezuela como a nivel internacional.

Negar ese mandato no debilita al madurismo, sino que vacía de contenido la idea misma de transición democrática.

La modernidad jurídica distingue entre delimitar la soberanía de un régimen ilegítimo y anular la de su sociedad. Confundir ambas cosas es un error. Ninguna intervención puede sustituir al ciudadano sin destruir aquello que dice proteger. De esa manera, la restitución de la democracia en Venezuela no se logra con administrar un país desde fuera, sino al devolverle a su pueblo el control efectivo de su destino. Es este el eje donde deben confluir todas las fuerzas democráticas que acompañen el restablecimiento del orden del hermano y sufrido país de Venezuela.