Las paradojas de la pobreza compartida de migrantes venezolanos y peruanos, por Javier Herrera

La migración venezolana se ha convertido en un tema central del debate público, no solo en el Perú, sino también en los países vecinos con población migrante. En el contexto electoral, este debate suele adquirir un cariz particularmente áspero: de manera casi invariable, se atribuye a los migrantes la responsabilidad del incremento de la delincuencia, alimentando titulares sensacionalistas y reportajes sobre bandas criminales organizadas con nombres ya familiarizados para la opinión pública, como “el Tren de Aragua”, “los Gallegos”, entre otros. Este enfoque ha sobredimensionado el fenómeno de la criminalidad y ha relegado sistemáticamente a un segundo plano las condiciones de vida, las trayectorias laborales y el aporte económico de la población migrante venezolana. Poco o nada se ha dicho sobre su inserción en el mercado de trabajo o sobre cómo sus condiciones materiales se comparan con las de los hogares peruanos.

En este contexto, resulta especialmente valiosa la reciente iniciativa del INEI, que entre agosto y noviembre de 2024 llevó a cabo la Encuesta Nacional de Hogares de la Población Migrante Venezolana (ENAHOPV). La encuesta cubrió las ocho principales ciudades del país —Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Lima y Callao, Ica y Arequipa—, donde se concentra aproximadamente el 95 % de esta población. Según los resultados difundidos esta semana por el INEI, el 28,1 % de la población venezolana se encuentra en situación de pobreza, una cifra que no difiere estadísticamente del 28,6 % observado entre los peruanos. El INEI ha hecho pública toda la información, lo que permite analizar con mayor profundidad las similitudes y diferencias entre ambas poblaciones y de aportar evidencia empírica sólida para el diseño de políticas públicas. En lo que sigue, nos limitaremos a desentrañar dos aparentes paradojas que emergen de estos resultados.

Las paradojas de la pobreza venezolana

Al examinar los datos, llama poderosamente la atención el contraste entre la proporción de trabajadores pobres y la de hogares pobres. Se trata, en rigor, de dos miradas distintas: una centrada en los ingresos laborales de los trabajadores considerados individualmente y otra que incorpora el gasto del hogar y los recursos que aportan todos sus miembros.

Por un lado, observamos tasas de pobreza del hogar prácticamente idénticas entre peruanos y venezolanos; por otro, constatamos que el porcentaje de trabajadores venezolanos pobres —aquellos cuyos ingresos laborales no alcanzan para cubrir la parte que les corresponde de la canasta básica de consumo— es sensiblemente menor que el de los trabajadores peruanos. ¿Cómo explicar esta situación en apariencia contradictoria? ¿No deberían mayores ingresos traducirse en un mayor nivel de gasto y, por ende, en menores tasas de pobreza? La respuesta exige mirar con mayor detenimiento la inserción laboral de venezolanos y peruanos, ir más allá de los promedios, examinar la distribución completa de los ingresos y considerar las particularidades de la estructura de ingresos y gastos que distinguen a ambas poblaciones.

Una primera explicación, aunque parcial, radica en el envío de remesas. El 43,8 % de los hogares venezolanos remite en promedio S/ 199 mensuales a familiares en Venezuela, lo que equivale aproximadamente al 7 % de sus ingresos totales que no se destinan al consumo en el Perú. Este drenaje de recursos eleva su nivel de pobreza por encima de lo que sugerirían sus ingresos laborales. En cierto sentido, la persistencia de la pobreza en Venezuela se transmite a la de los migrantes en el Perú. A medida que disminuya la necesidad de enviar remesas, la pobreza de los hogares venezolanos en el país tenderá también a reducirse.

Otra diferencia clave está asociada a la forma en que el sistema estadístico registra los gastos e ingresos por vivienda. En el caso de los hogares inquilinos, los alquileres efectivamente pagados se contabilizan como gasto; en el caso de los propietarios, en cambio, se imputa un alquiler equivalente al que habrían debido pagar si alquilaran la vivienda que ocupan. Este monto imputado se suma tanto al gasto como a los ingresos del hogar, mientras que los alquileres efectivamente pagados por los inquilinos no se registran como ingresos. La disparidad entre peruanos y venezolanos es marcada: la mayoría de los hogares peruanos es propietaria de su vivienda (solo el 13 % alquila), mientras que entre los venezolanos casi la totalidad —alrededor del 95 %— debe alquilar.

Dicho sea de paso, el pago mensual promedio de alquiler (S/ 554) de los cerca de 372 mil hogares venezolanos inquilinos termina en los bolsillos de propietarios peruanos que, en muchos casos, residen precisamente en las zonas más pobres de las ciudades. No se trata de un monto menor: según nuestras estimaciones, el total de estos pagos equivale a casi una cuarta parte de los recursos distribuidos por el programa Juntos en todo el país. Este hecho debería incorporarse de manera explícita en cualquier balance serio sobre el impacto económico de la migración venezolana. Con demasiada frecuencia, dicho impacto se evalúa de forma parcial, restringido al mercado laboral, y se omite una perspectiva más amplia que considere su contribución a la demanda agregada (5,6 %).

Una segunda paradoja es que la proporción de trabajadores venezolanos pobres sea menor que la de trabajadores peruanos, aun cuando los ingresos laborales promedio de los primeros se sitúan un 22,4 % por debajo de los de los segundos. La clave para entender este aparente contrasentido está, nuevamente, en mirar más allá de los promedios y examinar la distribución de los ingresos y del gasto. La desigualdad entre los migrantes venezolanos resulta considerablemente menor que entre los trabajadores y hogares peruanos. El coeficiente de desigualdadGini alcanza 0,458 para los ingresos laborales de los peruanos, frente a apenas 0,260 en el caso de los venezolanos. Un patrón similar se observa en la desigualdad del gasto de los hogares (0,347 entre los peruanos y 0,273 entre los venezolanos). Esta menor desigualdad se traduce en un “abultamiento” de la distribución del gasto de los hogares venezolanos en torno a las líneas de pobreza y de vulnerabilidad.

Lo que sí distingue con claridad a ambas poblaciones es la mayor fragilidad de los hogares venezolanos frente a choques adversos. La proporción de personas vulnerables a caer en la pobreza es sustancialmente mayor entre los venezolanos: un tercio de ellos (33,7 %) enfrenta un alto riesgo de empobrecimiento ante cualquier choque adverso, mientras que esta situación afecta a uno de cada cuatro peruanos (24,8 %). En conjunto, seis de cada diez venezolanos (61,8 %) vive en condiciones precarias, frente a poco más de la mitad de los peruanos (53,4 %).

Varios lugares comunes sobre la migración venezolana en el Perúpierden sustento. Venezolanos y peruanos exhiben niveles similares de pobreza, pero la experimentan de manera distinta: los primeros son más vulnerables, destinan una fracción significativa de sus ingresos a remesas y alquileres, y enfrentan un mayor riesgo de caer en la pobreza al no contar con redes de protección social. Ignorar estas diferencias no solo empobrece el debate público, sino que conduce a diagnósticos y políticas incompletas.