Presidentes entrampados por instituciones, por Gonzalo Marroquín Godoy

*Expresidente de la Sociedad Interamericana de la Prensa y  exdirector del diario Prensa Libre de Guatemala.

La democracia en Latinoamérica atraviesa un momento complicado con dictaduras, gobiernos autoritarios y, ahora mismo, cuatro presidentes enfrentan crisis por ataques que provienen de los poderes Judicial o Legislativo, confrontados con el Ejecutivo por distintas causas, pero con el mismo fin: removerlos o debilitarlos para generar ingobernabilidad.

En Perú se repite una tragicomedia que se ha vivido antes. Por medio de una “vacancia” –proceso de destitución– fue removida la presidenta Dina Boluarte, acusada de corrupción y escándalos personales. La crisis política peruana es tan profunda que su sucesor, José Jerí, se convirtió en el séptimo presidente en menos de una década… y ya enfrenta el desafío de ser destituido por el Congreso que él dirigió.

En Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo lucha con trampas judiciales todo el tiempo, pues la fiscal general Consuelo Porras es su enemiga pública e intenta montar un caso penal en su contra, sabiendo que cuenta con el respaldo de la Corte de Constitucionalidad (CC) y una buena parte del Congreso, en donde se tendría que discutir cualquier intento por quitarle la inmunidad.

Arévalo ha acusado reiteradamente a Porras de “proteger a los corruptos”, y ahora ella responde con una acusación, muy mal fundamentada, precisamente de corrupción. El presidente guatemalteco gobierna entre denuncias, acoso, expedientes y amparos, sabiendo que el verdadero poder no está en el Palacio Nacional, sino en los tribunales, en donde el MP cuenta con fieles aliados.

Lo que parece insólito ocurre en Costa Rica, una de las democracias más estables de la región. El presidente Rodrigo Chaves enfrenta una solicitud de desafuero para ser investigado por presuntos actos de corrupción vinculados a convenios con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El caso ha provocado un terremoto político en el país centroamericano.

Chaves se defiende asegurando que “las élites quieren volver al poder por los juzgados”, y, en cierto modo, el caso refleja un cambio de época: incluso los sistemas institucionales más sólidos pueden convertirse en armas políticas.
Finalmente, en Ecuador, la crisis tiene otro ingrediente: la violencia. El presidente Daniel Noboa, reelecto en medio de denuncias de fraude, enfrenta un país desbordado por el narcotráfico y con un aparato judicial fracturado. Aunque sus relaciones con el Congreso son ambivalentes –a veces aprueban sus iniciativas–, está confrontado con el sistema judicial, con el que mantiene pugnas en los tribunales constitucionales y los de menor jerarquía, que deberían ser autónomos, pero no lo son.

Todos sabemos que, en una democracia plena, los tres poderes del Estado deben gozar de total independencia. No deben subordinarse entre sí. De eso a lo que estamos viendo hoy en día, hay una enorme diferencia.

En las dictaduras –Cuba, Nicaragua y Venezuela–, esa independencia de poderes es absolutamente inexistente. En los gobiernos autoritarios –Estados Unidos y El Salvador– pasa algo parecido, aunque las instituciones estadounidenses dan muestras de querer seguir siendo funcionales y generar pesos y contrapesos, algo que no resulta fácil con un presidente tan poderoso como Donald Trump.

En todo caso, los ejemplos mencionados muestran similitudes, y es fácil detectar que hay una raíz común: la ineficiencia institucional que se está dando en estos y muchos otros países, aunque quizás con menor intensidad. América Latina padece un mal crónico: la falta de autonomía institucional. No porque las leyes no existan —al contrario, sobran—, sino porque la aplicación de la ley depende de quién tenga la llave del poder. En ese contexto, el Estado de derecho se convierte en un campo de batalla y no en una garantía, como se está repitiendo una y otra vez.

Antes eran los militares el mayor peligro para los gobernantes; ahora son los fiscales, jueces, magistrados o parlamentarios, cuando claramente actúan con intencionalidad política y no en defensa del Estado de derecho y la democracia.

Ahora los grandes debates políticos ya no se dan en los parlamentos y gobiernos, se dan en los sistemas de justicia.

El derecho ha perdido su neutralidad, y con ello, la democracia pierde su legitimidad. Cuando una fiscal general usa los procesos judiciales para castigar adversarios —como ocurre en Guatemala— o cuando un Congreso destituye presidentes por “moral” y no por delito comprobado —como en Perú—, lo que se erosiona no es una persona, sino la confianza en el sistema.

La paradoja que estamos viendo, cada vez con mayor frecuencia, es que las instituciones que deberían proteger la democracia son las que la están minando… Por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos.