
El Perú atraviesa una mutación política profunda. Se trata del parlamentarismo de facto instaurado por una mayoría del Congreso que subordina al Ejecutivo y modela una agenda contraria al ideal republicano que inspiró de alguna manera los movimientos independentistas en el siglo XIX.
El pacto que gobierna promueve normas que debilitan los derechos fundamentales, mercantilizan las políticas públicas y colocan a las instituciones bajo su control sobredimensionado y sin contrapesos. En ese sentido, la nación asiste a una transformación del poder que desnaturaliza la democracia representativa.
El analista estadounidense Will Freeman, en un lúcido análisis publicado en The New York Times, advierte, a partir de la observación del caso peruano, que las democracias pueden extinguirse sin dictadores. Afirma que el autoritarismo contemporáneo no necesita tanques ni estar en la presidencia, sino una conjunción de voluntades que con las instituciones diseñadas en democracia reescriben las reglas. En esa trama, los nuevos déspotas no gobiernan desde el Ejecutivo, sino desde la articulación discreta de pactos y lealtades que permean los engranajes del Estado.
Este orden coincide con un grave retroceso de las libertades. La vida pública se encuentra asediada por el crimen organizado, las mafias locales y los circuitos ilegales que prosperan bajo protección política. La inseguridad, la extorsión y la explotación de los territorios más vulnerables se expanden como expresión de un poder paralelo que erosiona la convivencia y sofoca la esperanza. En ese escenario, la libertad se convierte en un bien escaso, sobre todo para quienes habitan los márgenes del país, donde el Estado llega sin autoridad ni justicia.
El autoritarismo difuso define esta era. Se despliega sin rostro único, pero con eficacia sistemática. No impone una doctrina, sino un modo de dominación que privilegia el interés privado sobre el bien común. Sus operadores utilizan partidos y movimientos como fachadas, exhibiendo una representación desprovista de convicciones democráticas.
Identificar a quienes encarnan este modelo constituye una tarea esencial para la recuperación del proyecto republicano peruano. El voto, mientras conserve su integridad institucional, se mantiene como el instrumento más eficaz de resistencia cívica y de restitución ética.
La iniciativa #PorEstosNo, que señala con rigor a las organizaciones políticas responsables del deterioro institucional —una decena de partidos que han alentado este proceso—, representa una respuesta afirmativa frente a la deriva autoritaria. Allí comienza la tarea de la ciudadanía que no abdica de su libertad ni de su dignidad.

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