PJ debe hacer respetar el orden constitucional

Tras la orden del juez constitucional Fidel Torres Tasso que disponía la suspensión de los procesos disciplinarios contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, y su reincorporación al cargo, el país esperaba que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) acatara con normalidad una resolución judicial con órdenes de claro cumplimiento en un Estado de derecho. Sin embargo, ha ocurrido lo contrario.

La JNJ ha respondido con una trampa legal, una suerte de obediencia fingida para incumplir el mandato del Poder Judicial.

Bajo un artificio, la Junta busca ampararse en interpretaciones parciales de la resolución judicial, alegando que el juez no dispuso expresamente su restitución en el cargo, sino solo la suspensión de los efectos del proceso disciplinario. Una maniobra de prestidigitación jurídica que, en los hechos, mantiene a Espinoza fuera del Ministerio Público y prolonga la interinidad de Tomás Gálvez.

El descaro es doble y evidencia incoherencias profundas. Los propios consejeros reconocen que no tienen competencia para interferir en las decisiones de la Junta de Fiscales Supremos, órgano que en noviembre de 2024 eligió a Delia Espinoza como fiscal de la Nación conforme al artículo 158 de la Constitución.

No obstante, la JNJ no tuvo reparos en desconocer ese acuerdo cuando decidió, en junio pasado, reponer a Patricia Benavides en el cargo, a pesar de su destitución y de los graves cuestionamientos que pesan sobre ella.

Con ese doble estándar, la JNJ afirma que carece de atribuciones para actuar como si fueran superiores jerárquicos del Ministerio Público.

Lo que sigue estando en juego es la integridad del sistema de justicia. Al desobedecer una resolución judicial y manipular los tiempos y sentidos de las medidas cautelares, la JNJ se coloca en abierta infracción del orden constitucional.

Corresponde ahora al Poder Judicial hacer respetar su decisión y poner coto a una JNJ que actúa bajo la sombra de la coalición parlamentaria gobernante. El Ministerio Público, en medio de la crisis política, la inseguridad y el avance del crimen organizado, debe dejar de ser rehén de una disputa de poder.