
El Consejo Fiscal, órgano técnico e independiente encargado de velar por la sostenibilidad y transparencia de las finanzas públicas, se ha visto obligado a alzar la voz para decir que el Perú enfrenta un riesgo de desfalco estructural impulsado desde el Congreso y tolerado por el Ejecutivo, este último sometido al capricho y abuso parlamentario.
Desde que este Legislativo domina el país (diciembre 2022), las leyes con impacto fiscal adverso se han disparado. En apenas tres años, el actual Congreso ha aprobado 229 normas que comprometen miles de millones de soles, más del triple del promedio histórico. Muchas fueron promulgadas por insistencia, es decir, en contra de algunas observaciones emitidas por el Poder Ejecutivo. En total, los costos fiscales asociados a estas leyes superan los S/ 35.000 millones.
El Consejo Fiscal advierte que, de concretarse estas medidas, la deuda pública del Perú podría llegar al 70% del PBI en la próxima década. Eso quiere decir que el déficit fiscal se elevaría en 5% del PBI y los intereses de la deuda absorberían cerca del 80% del gasto de inversión proyectado. Para tener una idea, supera el porcentaje del producto bruto interno destinado a educación o salud.
En otras palabras, el parlamentarismo de facto está hipotecando el futuro de todos los peruanos, lo que significa que para el siguiente gobierno habrá menos recursos.
No obstante, es importante recordar que este deterioro fiscal no es producto del azar. Es consecuencia de un parlamento autoritario mercantilista. Y los efectos perjudiciales son inmediatos debido a que se percibe la pérdida de confianza de los inversionistas, el incremento del riesgo país y el encarecimiento de los niveles de crédito.
En este escenario, los partidos que hoy controlan el Congreso —Fuerza Popular, APP, Renovación Popular, Perú Libre, Avanza País y Podemos— buscan perpetuar este gobierno de facto más allá de 2026. Y se han empezado a presentar incluso en redes sociales haciendo campañas políticas como salvadores mientras siguen hundiendo las cuentas públicas. Los peruanos deben ser precavidos ante quienes desfalcan al país. Al respecto, deben saber que aún se encuentran en trámite otras 352 iniciativas que podrían añadir S/ 25.000 millones anuales adicionales al gasto público.
El Consejo Fiscal ha hecho su parte. Ahora corresponde a la ciudadanía entender la gravedad de su advertencia: el desfalco del Estado ya está en marcha. Y detenerlo depende de un cambio político que devuelva al Perú la responsabilidad y la decencia en el manejo de lo público.

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