Un presidente de la coalición autoritaria del Congreso

La vacancia presidencial de Dina Boluarte, aprobada por el Congreso, representa la continuidad de un ciclo de impunidad y manipulación institucional que ha convertido la presidencia de la República en una pieza ornamental del poder parlamentario. Una vez más, el Ejecutivo ha quedado subordinado a los caprichos de los miembros del pacto de gobierno —esa alianza informal entre Fuerza Popular, APP, Perú Libre, Renovación Popular, Avanza País, Podemos y Somos Perú— que, desde hace casi tres años, se ha hecho del Estado desde el Parlamento.

En ese sentido, la llegada de José Jerí a la presidencia simboliza la instalación de un nuevo rostro al servicio de los mismos intereses. Al respecto, las denuncias en su contra por presunta violación sexual, archivadas de forma exprés, y la ausencia de una bancada oficialista que lo respalde son los pasivos perfectos para mantenerlo bajo el control de quienes gobiernan desde el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. Como ocurrió con Boluarte, su debilidad será la garantía de su docilidad.

Naturalmente, este cambio de pieza legitima las protestas ciudadanas que se reactivan frente a un presidente que carece de las mínimas credenciales para liderar un gobierno cuya naturaleza es interina. Y esa naturaleza es determinante en sus acciones como mandatario, ya que diferencia entre uno nacido del voto popular y otro impuesto por un Congreso que busca únicamente asegurar su dominio.

Su primera acción ha sido reunirse con el Comando Conjunto de las FFAA para, según él, luchar contra la criminalidad. Desde ya, incide nuevamente en el error al pretender que el orden interno sea manejado por miembros de institutos armados: una receta repetidamente comprobada en su ineficacia para enfrentar la inseguridad. Nada dice de las normas aprobadas por el poder legislativo, del que hasta ayer fue parte, que favorecen la criminalidad y debilitan la persecución del delito.

La presidencia, una vez más, se ha reducido a una figura de trámite, sostenida por una coalición parlamentaria que utiliza las instituciones para blindarse y prolongar su influencia de cara a las elecciones de 2026.

Y, en este contexto, los peruanos seguirán recordando en las calles y en las redes que el país necesita algo distinto: una figura de transición que goce, sobre todo, de legitimidad ante la ciudadanía.