
En todo este tiempo, la administración que tiene como cara visible a la presidenta Dina Boluarte ha avalado las normas más regresivas de las últimas décadas. La amnistía a violadores de derechos humanos, la prescripción de crímenes de guerra y de lesa humanidad, y la ley mordaza contra las ONG son tan solo algunas de las más destacadas. Todas llevan la firma de una presidenta que eligió ser cómplice de un Congreso capturado por intereses autoritarios.
El problema no es solo la legislación nociva que ha promulgado, sino también el andamiaje de impunidad que ha consolidado en torno a su figura.
Sin embargo, lo que parecen olvidar quienes hoy secundan este régimen es que ese escudo no extingue las responsabilidades a futuro. La carpeta fiscal sigue acumulando presuntos delitos y, tarde o temprano, volverá a abrirse. En otras palabras, cuando ya no tenga la protección de su cargo, deberá responder por las muertes en las protestas y por las denuncias de enriquecimiento ilícito. La sociedad siempre le reclamará por su rol en la degradación democrática del país.
Parte de esa lista, que enumera los hechos del lamentable episodio al que Boluarte ha decidido prestarse, el SINADEF registra 5,174 homicidios. Muestran el evidente fracaso de los estados de emergencia y la ineficaz militarización de las calles. Pese a todo, ha ratificado al principal perpetrador del debacle de la inseguridad: Juan José Santiváñez.
En estos mil días, Boluarte ha pasado de ser la mandataria sometida a la agenda del pacto antiderechos del Congreso a convertirse en parte activa de esa maquinaria. Actualmente, no es un actor político sometido, sino que comparte la misma lógica de la coalición que en realidad gobierna y la sostiene.
El Perú llega a este umbral con una presidenta que se ha diluido en el frente parlamentario más oscuro de nuestra historia reciente. La foto de sus mil días en el poder no retrata a una jefa de Estado, sino a una pieza más de la coalición que ha secuestrado las instituciones.
El desenlace, si bien está aún abierto, lo cierto es que la historia no olvidará que Boluarte, en lugar de representar un contrapeso democrático, eligió convertirse en un engranaje del pacto que saqueó al Estado. Y esa decisión —que hoy le garantiza seguir con el saqueo del Estado— será mañana el principal cargo que la justicia y la memoria nacional no olvidarán.

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