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Opinión

Poder Judicial en defensa del Estado de derecho

Janet Tello subrayó el rol de los jueces como garantes de la legalidad y los compromisos internacionales.

Editorial
Editorial

Con ocasión del Día del Juez Peruano, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, reafirmó el compromiso institucional con la vigencia del Estado de derecho. Lo hizo frente a preocupantes intentos de subordinación política y de desconocimiento del orden constitucional vigente.

Estas declaraciones adquieren particular trascendencia en el contexto nacional, dada la decisión del Gobierno de proseguir con la promulgación de la ley de amnistía. Ello ocurre a pesar de la orden expresa de suspensión emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

De este modo, se recuerda a los operadores de justicia que los mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no constituyen una injerencia externa, como lo han sugerido la presidenta Dina Boluarte y algunos parlamentarios del pacto de co-Gobierno. Por el contrario, tales disposiciones representan obligaciones jurídicas que emanan de la propia Constitución y de los tratados suscritos por el Estado peruano.

En este contexto, el Poder Judicial ha hecho un llamado a defender la convencionalidad como principio rector de la justicia en el país. La advertencia es clara: no se puede desdibujar el orden legal ni relativizar los derechos fundamentales con argumentos de conveniencia política.

Asimismo, la titular del Poder Judicial ha expresado su preocupación ante las propuestas de reforma impulsadas por el Ejecutivo. Estas podrían constituir un intento de injerencia política en el funcionamiento autónomo de dicho poder del Estado.

La institucionalidad judicial debe consolidarse mediante procesos de autorreforma serios, transparentes y autónomos. Estos no deben responder a coyunturas políticas ni estar al servicio de intereses particulares que deriven en arbitrariedades.

El Poder Judicial ha hecho lo que le corresponde: levantar la voz con firmeza y dentro del marco legal. Ahora es responsabilidad de todos —autoridades, instituciones, ciudadanía— responder a ese llamado con la misma seriedad. Defender la justicia no es defender a un poder, sino a la democracia misma.

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