El "estado fallido" según Boluarte
Mientras la presidenta lanza calificativos inexactos sobre la situación política del país vecino, es incapaz de reconocer la debacle a la que ha llevado al Perú.
La presidenta Dina Boluarte ha generado una reacción diplomática de protesta por parte del Estado boliviano por haber sostenido que dicho país vecino del Perú es un “Estado fallido”.
Más allá del ruido diplomático, lo que revela esta declaración es una peligrosa incoherencia en la manera en que la presidenta observa el mundo y cómo gobierna.
La categoría de “Estado fallido”, popularizada en la década de los noventa por los académicos Gerald B. Helman y Steven R. Ratner, describe a naciones cuya institucionalidad se ha colapsado casi por completo.
Se refiere exactamente a Estados que han perdido el control de su territorio, no pueden proveer servicios básicos ni garantizar la seguridad o el derecho a la vida.
Siendo así, cabe preguntarse: ¿por qué Boluarte lanza esa afirmación gratuitamente? ¿Qué busca al descalificar a un país vecino con un término de peso político y académico tan serio? Y más aún: ¿cómo puede ver con tanta nitidez las fracturas en la casa del vecino, mientras guarda silencio frente al desmoronamiento democrático en la suya?
Porque si algo caracteriza a su gestión, es la negativa a asumir responsabilidad ante el deterioro del Estado de derecho en el Perú.
Más de 4.730 asesinatos durante su gobierno como reflejo del fracaso en seguridad pública. Una Policía Nacional que necesita urgentemente reformas. Una respuesta violenta y letal frente a las protestas ciudadanas, que dejó medio centenar de muertos, con víctimas luego tachadas de terroristas sin prueba alguna.
Añádase a lo anterior la dejadez en la atención a las brechas sociales en la Amazonía y en regiones históricamente postergadas. ¿No son estas señales de un Estado que se debilita, aunque aún no haya colapsado? ¿No es esto, al menos, una ruta preocupante hacia la autocratización y la captura institucional?
La presidenta Boluarte, en lugar de encarnar la transparencia o la autocrítica que exige a otros, ha optado por un discurso que disfraza su propia fragilidad con acusaciones hacia afuera. Su silencio ante los informes de organismos multilaterales que verifican su actuación al margen de la ley y su alianza con una coalición parlamentaria autoritaria que la sostiene en el poder son síntomas de una deriva autoritaria más real y cercana que aquella que proyecta sobre Bolivia.
En ese sentido, calificar a otro país como Estado fallido no solo es una falta diplomática; sino también un intento fallido de desviar la atención.
