Galarreta: el origen del festín de empleos del congreso, por René Gastelumendi

El Congreso peruano es un reino de cinismo. En los últimos días, las denuncias se han desbordado, revelando un sistema de contratación que, más que buscar la eficiencia, es una agencia de empleos al servicio de los partidos políticos. Se habló y se sigue hablando de "mocha sueldos", de nepotismo descarado y, para añadir el toque bizarro, de hasta supuestas redes de explotación sexual. Todo ello, amparado en un sistema que fue convenientemente relajado para abrir las puertas a la "confianza" por encima del mérito. El festín es el presupuesto público. Cómo lo explico luego, el origen de esta lactancia de la mamadera estatal tiene color naranja.

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Casos como el de la congresista Rosío Torres (Alianza para el Progreso), quien colocó a su hija odontóloga en un puesto para el que no tenía perfil, o el de Lucinda Vásquez (Bloque Magisterial), acusada de recortar sueldos y usar dinero de sus trabajadores, son la puntita del “dedazo. Y, en un acto de “solidaridad” entre colegas, el congresista Waldemar Cerrón (Perú Libre) y otros congresistas de diversas bancadas decidieron archivar la denuncia contra Torres en la Comisión de Ética. Una nueva demostración de cohesión política para el mal que deja en claro que, si de cubrirse se trata, las ideologías para la hinchada siempre quedan en segundo plano.

Y para añadir un desesperante toque de "glamour" a este circo patético, no podemos olvidar las denuncias sobre una supuesta red de prostitución que operaba dentro del Congreso. Un reportaje periodístico de Latina destapó un esquema en el que un exfuncionario, Jorge Torres Sarabia, era investigado por la Fiscalía por el presunto delito de explotación sexual. El escándalo escaló tanto, recordemos, que el entonces presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, tuvo que acortar un viaje a China para atenderlo. Las famosas "puertas giratorias" del Congreso no solo giran para los lobistas, sino también para actividades mucho más turbias.

La Fiscalía ha abierto una investigación preliminar contra Torres Sarabia por el presunto delito de explotación sexual, y ha realizado intervenciones en las oficinas del Congreso para recabar información. Sin embargo, la Comisión de Fiscalización del propio Congreso, tras su propia investigación, aprobó el 18 de junio de 2025 un informe que descarta la existencia de una red de prostitución al no encontrar "elementos suficientes". Pero aquí viene la ironía máxima: el mismo informe reconoce que las contrataciones de personal femenino se dieron sin cumplir con los perfiles requeridos. En otras palabras, la Comisión dice: “No sabemos si había una red, pero sí sabemos que contrataron a chicas que no cumplían el perfil para los puestos, en un contexto sensual y sexista”.La típica ambigüedad política que dice mucho sin decir nada. Por ello, la comisión deriva el caso a la Fiscalía para que continúe la investigación y se lava las manos del escándalo.

Ahora sí. Para entender el origen de este descalabro, debemos viajar en el tiempo a una fecha crucial: el 26 de julio de 2017, cuando Luis Galarreta, hoy secretario general de Fuerza Popular, asumía la presidencia del Parlamento. Galarreta, un hombre que siempre fustigó a quienes vivían de la "mamadera del Estado" y a quienes llama despectivamente "caviares", parecía el cruzado ideal para combatir el despilfarro de otros. Sin embargo, en un giro digno de una cruel tragicomedia, fue precisamente él, el gran enemigo de los “caviares” y de la “mermelada”, junto a la Mesa Directiva de entonces —integrada por Mario Mantilla (Fuerza Popular) como Primer vicepresidente, Richard Acuña Núñez (Alianza para el Progreso) como Segundo vicepresidente y Mauricio Mulder Bedoya (APRA) como Tercer vicepresidente—, quien sentó las bases para el incremento desmedido de la planilla del congreso. Es crucial recordar que, en ese momento, Fuerza Popular contaba con una aplastante mayoría de 73 congresistas, lo cual le permitía actuar con total autonomía y sin necesidad de consensos. Aunque la resolución fue respaldada por toda la Mesa Directiva, la responsabilidad política recae principalmente sobre Luis Galarreta. Como presidente de la Mesa, era la máxima autoridad del Legislativo y líder de la bancada mayoritaria que tenía el poder para impulsar y concretar este cambio normativo. Su liderazgo fue crucial para que una medida de esta magnitud se aprobara, priorizando el cálculo político sobre el ingenuo interés por el bien común.

En diciembre de 2017, se presentó un proyecto de resolución para suspender el Estatuto del Servicio Parlamentario, una norma que regulaba la contratación de personal. El proyecto fue aprobado el 9 de enero de 2018, entrando en vigor de inmediato. ¿Cuál fue el pretexto? La necesidad de "mayor eficiencia" para poder manejar la carga de trabajo que generaba el incremento en el número de comisiones. Un argumento tan sólido que nadie se atrevió a cuestionar si la solución era contratar a gente sin méritos en lugar de, por ejemplo, mejorar los procesos internos o redistribuir las tareas.

Lo más fascinante de esta historia es que la norma tenía un carácter temporal, pensada para durar solo hasta el fin de la legislatura. Sin embargo, de esa "temporalidad" han pasado ya más desieteaños. Aquella suspensión de 2018 se ha convertido en una política permanente, un regalo a costa del electorado que las Mesas Directivas posteriores han renovado tácitamente, perpetuando el "dedazo" y la fiesta de contrataciones. Y así fue, de una meritocracia, al menos en el papel, pasamos al “dedazo” puro y duro, el que contrata y, sobre todo,  el que nos han metido.

Antes de esta "reforma", la contratación de personal de confianza se regía por la Resolución N° 100-2016-2017/MESA-CR, que establecía requisitos muy claros. Por ejemplo, para ser asesor principal de un despacho congresal, se exigía un título universitario y experiencia comprobada en el sector público. El proceso de selección era estricto e incluía una evaluación curricular, un examen de conocimientos, una evaluación psicométrica y una entrevista personal. En otras palabras, la norma anterior, aunque no eliminaba la figura de "confianza", sí exigía un mínimo de meritocracia.

La suspensión de la norma eliminó esta exigencia, permitiendo que cualquier persona, sin importar su formación o experiencia, fuera contratada con solo la "confianza" del congresista como único requisito. El resultado fue inmediato y cuantificable. El número de trabajadores del Congreso aumentó en más de 400 personas en los meses posteriores a la aprobación de la norma. Este incremento ha continuado en las gestiones posteriores, como la de Alejandro Soto (2023-2024), quien aprobó 780 nuevos puestos, y la actual de Eduardo Salhuana (desde julio de 2024). Hoy, el Congreso cuenta con cerca de 4000 empleados, una cifra muy por encima de los cerca de 2,400 trabajadores que tenía antes de la norma de2018. Sí, APP del señor Acuña, es ahora el principal lactante de esta mamadera, pero no el único. Puestos como cancha. El Congreso dejó de ser solo un poder del Estado para convertirse, oficialmente, en un centro de empleos para los partidos políticos. La verdadera necesidad no era la de más personal, sino la de controlar la contratación para consolidar bases políticas y pagar favores de campaña, recompensando a militantes y cuadros que trabajar campaña electoral. Aumentar las plazas era posible a través de nuevos concursos, pero la Mesa Directiva optó por eliminar, repito, el sistema meritocrático, demostrando que el objetivo no era la eficiencia, sino el control político sobre la planilla.

Y, ¿por qué es tan codiciado un puesto en el Congreso? La respuesta está en los beneficios dorados que disfrutan sus trabajadores, muy por encima de los que recibe cualquier otro trabajador público. Además de salarios que superan el promedio, gozan de gratificaciones completas por Fiestas Patrias y Navidad, bonos de escolaridad equivalentes a un sueldo completo que se otorgan en marzo, y el famoso bono por cierre de pliego, que en enero de 2025 llegó a ser de S/ 20,000 por trabajador.

Además, reciben un generoso bono mensual sindical de S/ 2,530 yde alimentaciónmentación que asciende a S/ 2,200 al mes, una cifra diez veces superior al bono de alimentación que la presidenta Dina Boluarte, con su particular sentido del humor, consideraba suficiente para alimentarse. Y, por si fuera poco, tienen acceso a un Comité de Administración de Fondos de Asistencia y Estímulo (CAFAE) que les otorga aún más beneficios. Planillas de ensueño que ya quisiera ostentar el sector privado.

Esta es la prueba irrefutable de que el Congreso, más que un poder del Estado, se ha convertido en una agencia de empleos con un presupuesto millonario, financiado con el dinero de todos los peruanos. La paradoja, la contradicción hecha política. Aquí la lección se vuelve inolvidable. El mismo Luis Galarreta, el "cruzado contra la mamadera", fue quien abrió el grifo para que más gente bebiera del dinero del Estado sin necesidad de pasar por un filtro de méritos. Es como si el gurú de la dieta te dijera que para adelgazar debes comer pasteles todo el día. ¿De qué sirvió, entonces, aumentar las plazas y el presupuesto si no hubo mayor eficiencia en el trabajo parlamentario? La respuesta es clara: no la hubo ni sebuscó. La ineficacia del Congreso es la consecuencia directa de una planilla inflada con personal contratado por favores, no por capacidad. Una institución que dedica sus energías a encubrir escándalos y a blindar a sus miembros, en lugar de legislar y fiscalizar, no puede ser eficiente.

La gestión de Luis Galarreta será recordada no por sus leyes o debates, sino por haber creado el marco legal que permitió el descontrol administrativo. Su legado es una afrenta a la dignidad del país y un recordatorio de que, para muchos, el Congreso es, en efecto, la mejor agencia de empleos de Perú.

Este cinismo es una radiografía de la política peruana. Se habla con fervor de la lucha contra la corrupción cuando, al mismo tiempo se crean los mecanismos para que la corrupción se institucionalice. Se critica el uso de los recursos públicos, pero vemos en nuestra cara como se usan para pagar favores políticos. Amigo periodista, la próxima vez que escuches a un político quejarse de los que viven del Estado, no dejes de preguntarle por qué él o su partido no hicieron nada por revertir esta norma. O mejor aún, por qué fueron los artífices de la misma.