Congreso enjuiciado, por Diego Pomareda

Este mes de junio, el Poder Judicial notificó al Congreso la admisión de mi demanda laboral. Es decir, después de un año de proceso interno y de varios meses de espera, finalmente estoy en juicio contra el Parlamento al haber sido injustamente sancionado por publicar unos tuits en defensa del Estado Constitucional, lo cual será resuelto judicialmente en el mes de agosto de este año.

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En esta semana, el Área de Desarrollo y Bienestar del Parlamento emitió un comunicado exigiendo “fidelidad y solidaridad” a los trabajadores en torno a las acciones institucionales. Es decir, amedrentan a los funcionarios bajo una lealtad mal entendida, que se traduce en complicidad a todo nivel. De igual forma, el Oficial Mayor compartió un memorando para recordar que los trabajadores no pueden expresarse sobre asuntos del Congreso para proteger la “dignidad parlamentaria”.

A partir de mi experiencia, las amenazas o el inicio de estos procesos disciplinarios contra quienes se oponen a la destrucción del Estado Constitucional o quienes advierten irregularidades, buscan intimidar a los trabajadores, desgastarlos y maltratarlos a efectos de que no denuncien las arbitrariedades que se dan dentro del Parlamento.

En mi caso estuve cerca de un año en un proceso disciplinario completamente hostil. Esto no solo porque incumplieron todos los plazos reglamentarios, sino también porque me citaban para dar mis descargos y luego la Comisión no aparecía o ya, desde un plano más institucional, comenzaron a restringirme el ingreso a diferentes áreas del Congreso en mi condición de trabajador y ponerme trabas para todo.

Fue tanto el ensañamiento en mi contra por denunciar las acciones temerarias del Congreso contra la Junta Nacional de Justicia y la educación de calidad, que a pesar de que decidí renunciar por motivos de estudios doctorales, optaron por suspenderme con una resolución pésimamente motivada los últimos 4 días de labores e inscribirme en un registro de funcionarios sancionados.

El camino de enfrentar el abuso es cuesta arriba, pero no imposible. He enjuiciado al Parlamento ante el Poder Judicial para hacer respetar mis derechos y a efectos de que se marque un precedente para que, sobre asuntos de interés público, nunca más se busque silenciar a los trabajadores del Congreso que buscan denunciar arbitrariedades.