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Opinión

Un golpe en marcha

El ingreso frustrado de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides esconde las intenciones antidemocráticas de la coalición que gobierna.

Editorial
Editorial

Lo ocurrido en el Ministerio Público no puede leerse como una mera provocación producida por una interpretación errada de la Constitución. La irrupción violenta de Patricia Benavides marca un punto de inflexión que debe alertar a los peruanos y a la comunidad internacional: la coalición autoritaria gobernante está dispuesta a hacer lo que sea para torcer la legalidad a su antojo y desmontar los pocos contrapesos democráticos que aún resisten su embate fascista.

Benavides no actuó sola ni de forma improvisada. Su intento de autoproclamarse fiscal de la Nación, tras la pretensión viciada de ilegalidad de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de reponerla en la Junta de Fiscales Supremos titulares y como líder del MP, desnuda el verdadero plan.

La captura institucional del Ministerio Público para impedir investigaciones clave que involucran a personalidades políticas investigadas y miembros del Congreso denunciados es el botín que los aliados del régimen tienen ansias de concretar, como sea.

Es, en esencia, un golpe en cámara lenta que busca anular la fiscalización y el balance de poderes, precisamente cuando el país ya dio inicio al proceso electoral que debiera terminar en 2026.

Frente a este ataque, la respuesta firme y valiente de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha sido notable. “¿Se pretende dar un golpe de Estado? ¡Muestren sus caras! ¡Que se desenmascaren!”, clamó, señalando lo evidente: que no se trató solo de una disputa por el cargo, sino de un asalto a la institucionalidad con propósitos claramente políticos.

Lo más alarmante no es solo el acto en sí, sino el silencio o, peor aún, el respaldo cómplice de sectores autoritarios y que son mayoría en el Congreso, los cuales siguen escudando el desgobierno de la presidenta Dina Boluarte.

Este episodio tuvo un preludio en una institución que hoy ha demostrado que está copada por los operadores de la ilegalidad en el país: la JNJ. La persecución a magistrados incómodos que terminó con sanciones arbitrarias y unilaterales por parte del Parlamento era tan solo el anticipo de algo que los peruanos confirman con lo ocurrido contra la institución fiscal.

Este asalto es también un ensayo general. Si no se sanciona con la contundencia debida, si la ciudadanía no comprende la gravedad del momento, si las instituciones no reaccionan con firmeza, los próximos embates serán más agresivos, más descarados y más irreversibles.

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